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La legitimación de las instituciones guía el plan vasco de Convivencia

El Gobierno López busca comprometer al entramado asociativo y las familias

La visibilidad social y en el ámbito educativo de las víctimas del terrorismo y la legitimación de las instituciones democráticas y del Estado Constitucional como garante de derechos y de la salvaguarda de la pluralidad y la libertad personal son las bases del documento denominado Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, con el que el Gobierno reformula el Plan de Educación para la paz y los Derechos Humanos elaborado por el último equipo de Juan José Ibarretxe.

El Gobierno afirma haber realizado una "relectura crítica y constructiva" de él y le reconoce aciertos que inspirarán también su acción, pero introduce como "principio rector" en adelante la idea de que el no reconocimiento de las instituciones democráticas es el elemento que abre el camino a las posiciones "totalitarias justificadoras de la violencia terrorista" que se busca erradicar. Las víctimas son el otro pilar porque constituyen "la expresión más radical" de la negación de la pluralidad y de la libertad personal. De ahí la importancia de su presencia activa y física. El Gobierno entiende que precisamente la empatía que generen será útil para arrastrar al rechazo a cualesquiera otras expresiones de violencia.

Objetivos

Reivindicación. Del sistema democrático y sus valores como los garantes de la convivencia y la libertad personal.

Deslegitimación. Total y radical de la violencia terrorista en Euskadi.

Coordinación. Entre el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación, y los municipios.

Víctimas. La realidad de este colectivo entrará en la educación formal a través del currículo, asignaturas, tutorías y actividades específicas.

El Ejecutivo no hace tabla rasa del Plan anterior, pero cambia sus ejes
El texto en vigor es "manifiestamente insuficiente" respecto a las víctimas

Esta reformulación, en la que han participado cuatro departamentos del Gobierno, Educación, Interior, Justicia y Cultura, a los que se encargan también las acciones concretas, pretende extender su influencia a todos los ámbitos de la vida social, empezando por el educativo, pero abarcando también el entramado asociativo, la familia, las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA) y los medios de comunicación públicos.

El Ejecutivo ha puesto cuidado en dejar claro que no se trata de un plan ex novo, que haga tabla rasa de lo anterior y lo considera el fruto de las dos evaluaciones hechas sobre él, una por el Gobierno Ibarretxe, y otra por el actual equipo socialista, así como de cuatro cambios fundamentales operados desde su puesta en marcha: la aprobación de la Ley de Víctimas, el informe del Ararteko sobre la atención institucional que se les presta, la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el mismo cambio de Gobierno, que quiere incorporara sus propios principios de actuación, en línea con sus compromisos electorales y programáticos. El Gobierno conservará lo positivo, corregirá lo negativo o deficitario, aclarará lo ambiguo y fortalecerá los aspectos valiosos que han demostrado encontrar especiales obstáculos para ponerse en práctica, asegura el documento, que ayer se entregó a entidades concernidas y grupos parlamentarios. En sus dos años de vigencia, sentará las bases para el plan 2012-2015, que el Ejecutivo expresa el deseo de que se desarrolle "por fin" sin violencia terrorista.

El plan en vigor peca de "timidez" respecto a la centralidad y la relevancia de las víctimas del terrorismo, a las que en la práctica "se diluye entre las de otras violencias", sean de género, escolar u otras. Lo contemplado hasta ahora es "manifiestamente insuficiente", afirma el documento. La atención educativa específica quedará ahora "clara" y tendrá espacios propios. Los profesores no podrán ser neutrales ante opiniones de los alumnos que justifiquen el terrorismo y habrán de sostener "con nitidez la ilegitimidad moral" de esas posturas". El plan de 2008 rechaza la presencia física de las víctimas en las aulas, mientras que ahora sí la habrá, con los debidos requisitos y tanto por razones morales como pedagógicas, se anuncia. El lehendakari liderará personalmente la aplicación del plan, coordinará todas sus acciones y sus órganos de funcionamiento, la Comisión Interdepartamental y el Consejo Consultivo, en colaboración con la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia. A éste se le adjudican, como a Interior, Educación y Cultura, un largo y detallado listado de acciones específicas que tendrán que desarrollar. El documento prevé la firma por el lehendakari de un convenio con la dirección general de EITB para el desarrollo en los medios públicos del programa de acción.

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