"Nos sentaremos con él en el banquillo"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lamentado el nuevo jarro de agua de fría que supone el rechazo del recurso presentado por el juez Garzón para defender su investigación sobre los crímenes del franquismo. "Si se sienta en el banquillo, se estarán sentando con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando a la justicia y que no han podido todavía ejercer sus derechos", aseguran en un comunicado.

El colectivo lamenta que Garzón "vaya a ser juzgado por haber cumplido el deber de cualquier representante de la justicia de investigar los crímenes de la dictadura franquista", mientras , añadn, "los violadores de derechos humanos se mueren disfrutando nde privilegios como la impunidad".

"El sistema judicial español lleva prevaricando más de tres décadas porque no ha sido capaz de juzgar ninguno de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura", añaden en un comunicado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que quienes han prevaricado son los jueces de primera instancia que al notificarles el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta (impactos de bala, huesos rotos...) no han acudido a las fosas y han abierto una investigación.

Por eso, preparan un informe que quieren hacer llegar al Consejo General del Poder Judicial, con todas las denuncias presentadas ante el hallazgo de restos humanos que han sido desatendidas por los juzgados territoriales. Todos esos jueces, añaden, "han incumplido su deber de personarse en aquel lugar, como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El colectivo pretende demostrar con este informe que se están aplicando "a la inversa las leyes que obligan a investigar las desapariciones forzadas (...) Se está consintiendo el incumplimiento de las leyes por parte de jueces y persiguiendo a quien cumple con el deber de investigar los crímenes más graves de nuestro país". Las asociaciones de memoria entregaron al juez Garzón los nombres, documentados, de más de 130.000 desaparecidos del franquismo.

Por último, concluyen, "esta inoperancia del sistema judicial español hace que los familiares de los desaparecidos sigan muriendo en nuestro país sin la más mínima posibilidad de ejercer sus derechos en una sociedad en la que el Gobierno se dedica a entregar certificados de víctimas pero no les garantiza su derecho a la justicia, la verdad y la reparación del daño que han padecido".