Una ONG denuncia la expulsión de una nigeriana explotada sexualmente

La Red Española contra la Trata de Personas asegura que las autoridades incumplen la legislación al negarle el derecho al periodo de reflexión.- La mujer está embarazada y amenazada de muerte

Lleva más de tres años en España ejerciendo la prostitución y está embarazada de dos meses tras ser obligada a practicar sexo sin preservativo con un cliente. Pero el verdadero calvario de esta mujer, una nigeriana de 25 años, puede comenzar mañana, cuando será devuelta a su país de origen, donde está amenazada de muerte por su tratante, a quien debe 20.000 euros, según la Red Española contra la Trata de Personas.

Esta ONG ha denunciado que las autoridades niegan el reconocimiento del derecho al periodo de restablecimiento y reflexión a la mujer, internada en un centro de extranjeros en Madrid desde hace casi un mes.

Desde que llegó a España en 2006, esta nigeriana ha sido explotada sexualmente. Tras acudir a una comisaría para intentar legalizar su situación en el país, fue detenida por encontrarse en situación irregular. Posteriormente fue enviada al Centro de Internamiento de Aluche, a la espera de que se tramitara su expulsión.

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Viviana Waisman, la directora ejecutiva de la ONG Womens's Link -integrada en la Red Española contra la Trata de Personas- recuerda que la nueva Ley de Extranjería, aprobada recientemente, reconoce un periodo de restablecimiento y reflexión cuando hay indicios de que un extranjero en situación irregular es víctima de trata de seres humanos. Además prohíbe la expulsión de mujeres embarazadas cuando esto suponga un riesgo para la gestación o la salud de la madre. Para Waisman, la negación de este periodo de 30 días supone una "flagrante violación de los derechos humanos".

De acuerdo con la nueva ley, la víctima no necesariamente debe denunciar a su tratante para que le sea concedida esta prórroga de reflexión, subraya la responsable de Womens's Link. "El periodo deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito", señala el artículo 59 bis de la legislación, que pretende incentivar que la víctima denuncie. Por el momento la nigeriana no ha denunciado y, según la ONG, es posible que no lo haga porque en estos casos es habitual que no conozcan exactamente la identidad del tratante.

Waisman lamenta que no han recibido ninguna información concreta de la Delegación del Gobierno ni del Ministerio del Interior tras solicitar este periodo de restablecimiento y reflexión, y que simplemente han conocido que la policía ha emitido un informe desfavorable, por lo que la expulsión es inminente.

El Ministerio del Interior explica que cada vez que una mujer es víctima de trata, la policía pone en marcha un dispositivo para ver si hay indicios racionales. La prueba suele consistir en una entrevista, como en este caso, en la que no se han comprobado suficientes indicios. La Delegación del Gobierno señala que en este tipo de situaciones se actúa con la "máxima sensibilidad", pero que se han limitado a cumplir las resoluciones de dos juzgados de Madrid.

Pero para la Red Española contra la Trata de Personas España no cumple su obligación de proteger a las víctimas. "Se les niega el periodo de reflexión porque el procedimiento carece de desarrollo reglamentario y las autoridades no saben cómo actuar", aseguran sus responsables. La ONG asegura que el Defensor del Pueblo ha enviado recomendaciones a la Delegación del Gobierno de Madrid para que no lleven a cabo la expulsión.

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