El presidente de la Audiencia se muestra contrario a la propuesta del PP de una cadena perpetua revisable

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha apuntado esta mañana su opinión sobre tres ejes del debate jurídico en España, que además marcan a ritmo de tambor las escaramuzas políticas diarias.

La cadena perpetua revisable. El Partido Popular ha impulsado una nueva reforma del Código Penal que incluya esta figura; lo considera un endurecimiento de la legislación, y niega que sea una medida electoralista ceñida a golpes de la actualidad, pese a que ayer mismo sumó como asesor al padre de la niña Mari Luz Cortes, asesinada presuntamente por un pederasta convicto.

Juanes ha llamado la atención sobre cinco factores: la tasa de delincuencia lleva varios años bajando; las cárceles están repletas (el porcentaje de población reclusa es de los más altos de Europa); el Código Penal ya ha sido endurecido recientemente; la legislación contempla el cumplimiento de penas íntegras en determinados casos; y el término medio de la condena a cadena perpetua revisable en aquellos países europeos en los que está vigente es de 19 años.

A partir de ahí, las conclusiones son evidentes.

El Estatuto catalán. La nueva norma catalana lleva desde julio de 2006 pendiente del dictámen del Tribunal Constitucional, lo que enrarece el hábitat político en Cataluña (y, por extensión, en todo el país) y amenaza con ensombrecer las elecciones autonómicas previstas para noviembre.

Preguntado sobre esta cuestión, Juanes ha sido comprensivo (¿o paternalista, con cierto deje machista?) con su compañera, María Emilia Casas, presidenta del Constitucional, que "bastante trabajo tiene la pobre con lo que está haciendo para sacar la sentencia cuanto antes". En su opinión, "eso es lo que demanda la sociedad española". "Tiene que dictar la sentencia. Mejor mañana que pasado mañana", ha apostillado. "Y cuanto más fundada, mejor".

La instrucción, de jueces a fiscales. Sobre los planes del Gobierno para reformar la Ley de Enjuiciamento Criminal, de forma que sea la Fiscalía y no los jueces los encargados de la instrucción, considera que es "conveniente" y "va a llegar". Ha pedido que no sea pasto de la lucha política, ha abogado por el consenso, y ha dejado claro que "es el futuro", tan solo "cuestión de tiempo".