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El Gobierno acuerda entregar a Argentina al ex militar Jorge Alberto Soza

Acusado de delitos de secuestro y torturas, vivía en Valencia desde 1992

El Consejo de Ministros ha aprobado extraditar a Argentina al ex militar de ese pais Jorge Alberto Soza, detenido el pasado mes de julio en Valencia, donde vivía con su familia desde 1992, y reclamado por delitos de secuestro, torturas y contra la integridad moral, supuestamente cometidos durante la dictadura argentina. En su comparecencia ante el juez, el ex policía se negó a ser extraditado.

Soza, nacido en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1936 y poseedor de la nacionalidad española, fue detenido en Ontiyent el pasado julio y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde se inicio el procedimiento de extradición. Desde el 15 de octubre de 2009, disfrutaba de la libertad provisional, al haber depositado fianza carcelaria por esta causa de extradición.

Delitos de secuestros y torturas

El reclamado, ex subcomisario de la Policía Federal argentina, esta acusado en su pais de un delito de asociación ilícita, 18 delitos de detención ilegal cometida por funcionario publico, 17 delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral. Por ello, se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre los 3 y los 15 años.

Según la documentación entregada por las autoridades argentinas, entre 1975 y 1977, cuando era segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Soza participó junto a otros militares en la represión desatada por la dictadura argentina contra los opositores políticos mediante el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de esas personas.

Contexto histórico

Tras el golpe militar en Argentina de marzo de 1976, se instauró una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esta junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros (peronistas) y el ERP (marxistas).

Durante este periodo, se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas, también conocida como guerra sucia, con una gran cantidad de desapariciones. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se registraron casi 9.000 casos, aunque otros organismos de Derechos Humanos elevan la cifra a 30.000.

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