La aprobación definitiva del blindaje provoca disensiones en PP y PSOE

El llamado blindaje de las normas forales vascas se aprobó ayer definitivamente en el Senado sin modificaciones, lo que permite su publicación y entrada en vigor. El Gobierno vasco se felicitó por el fin de esta antigua reivindicación, informa Isabel C. Martínez, que acaba con el "permanente cuestionamiento en los tribunales", en palabras de Patxi López.

La situación de tensión interna en el PP por el blindaje se vivió en el Senado con total normalidad. Los dos senadores del PP vasco, Ramón Rabanera y Juana Iturmendi, se ausentaron de la votación para no rechazar, como ha impuesto la dirección nacional del PP, una iniciativa que su propio partido impulsó desde el Parlamento vasco. El portavoz del PP, Pío García-Escudero, autorizó expresamente las ausencias y no serán sancionados.

Rabanera e Iturmendi (PP) y un ex presidente riojano (PSOE) no votaron

Durante veinte años, la protección de la fiscalidad foral ha sido descartada por las Cortes, hasta que el PNV lo impuso como condición para apoyar los Presupuestos del Estado de 2010.

El PSOE lo aceptó, también con un debate interno que ayer se hizo patente por primera vez en la tramitación. El senador socialista de La Rioja y ex presidente de esa comunidad, José Ignacio Pérez Sáenz, no votó con su grupo a favor del blindaje. No apretó el botón. En 1993, Pérez Sáenz fue el presidente que inició por primera vez un recurso contra la fiscalidad vasca por provocar el traslado de empresas riojanas a Álava.

En el debate, los senadores disidentes del PP recibieron muestras de solidaridad de los demás grupos. Con especial cariño, el senador socialista Roberto Lertxundi señaló a Rabanera como "el mayor experto del PP en normas fiscales forales" y rogó a ese partido que tuviera en cuenta esa opinión. Fuentes del PP reconocieron que la dirección del grupo se planteó seriamente la posibilidad de abstenerse.

A partir de este punto, es precisamente la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad lo que centra la preocupación de los partidos vascos, como reconoció el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, presente ayer en el Senado. "Me preocupa inmensamente la amenaza de un recurso", dijo Urkullu, que señaló directamente al PP, e indirectamente al PSOE, de instigar recursos en Castilla y León y La

Rioja, las dos comunidades donde las ventajas fiscales vascas son vistas como un agravio. En estas dos comunidades éste es un asunto de consenso regional, indiscutible, como el control del agua en otras.

La prevención está justificada, y la escalada no ha hecho más que comenzar. El Gobierno de Castilla y León (PP) anunció ayer mismo que se plantea comenzar a estudiar un recurso contra el blindaje. Según la consejera de Economía, Pilar del Olmo, la nueva norma provoca "discriminación, deslocalización de empresas y competencia fiscal desleal".

El Gobierno castellano-leonés sigue así los pasos del de La Rioja, también del PP. El Parlamento regional ya mandató al Gobierno riojano a estudiar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se aprobara el blindaje.

Ante esta situación, son los propios dirigentes de PSE y PP vasco quienes piden a sus partidos que frenen esas iniciativas regionales.

El senador Rabanera aseguró ayer que el PP nacional, al que no ha conseguido convencer de que apoye el blindaje, no presentará recurso, iniciativa que podría hacer con las firmas de 50 diputados o senadores.

Socialistas y populares vascos se pidieron mutuamente que sus propios partidos eviten recurrir desde estas comunidades. Por parte del PSE, su portavoz, José Antonio Pastor, intentó transmitir ayer "tranquilidad". Mientras, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, acusó al PSE de estar "azuzando" para que se presenten los recursos.