Dos normas regionales se saltan el dictamen del CES

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra del Guadarrama, que permite a los municipios del valle del Lozoya recalificar suelo no urbanizable si limita con los núcleos urbanos, está aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Pero, pese a que debió haberse tramitado como ley, no ha pasado por el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno regional, aunque no vinculante. Tampoco lo ha hecho la Ley de Autoridad del Profesor. Según ha asegurado esta mañana el vicepresidente regional, Ignacio González, porque "no lo exige la ley y no es necesario". No ha dado más explicaciones a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Pero los sindicatos CCOO y UGT aseguran lo contrario: que el Gobierno regional incumple la ley al no remitir los proyectos al CES. Por eso han enviado una carta al presidente del órgano consultivo, Francisco Cabrillo, en la que reclaman que exija al Gobierno regional que se debatan los contenidos de las normas. Ambos sindicatos forman parte, como grupo sindical, de los miembros del CES, en el que también están representados los empresarios y un grupo de expertos designados por el Gobierno regional.

En la misiva, los sindicatos recuerdan que entre las funciones del CES está la de "emitir informe preceptivo no vinculante, con carácter previo a la aprobación de proyectos de ley y decretos del Consejo de Gobierno sobre la política económica y social de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional suele remitir sus futuras normas al CES, como ha hecho recientemente, por ejemplo, con la Ley de Libre Elección de Médico, o con la digitalización del Boletín Oficial que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Por eso, los sindicatos califican de "sorprendente" que en el caso del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor no haya sido así. "Máxime si tenemos en cuenta el calado y expectativa social sobre su contenido y alcance", aseguran. CCOO y UGT consideran que se trata de una "decisión premeditada, sopesada e intencionada" que pretende eliminar la pluralidad del debate y acusan al Gobierno regional de "ningunear" al CES.