Aguirre apoya la cadena perpetua revisable y pide abrir un debate sobre su implantación
La presidenta de Madrid dice que hay que reformar la Ley del Menor porque "algo falla".- Rubalcaba: "El sistema penal español es el más duro de Europa"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que en la Ley del Menor "algo falla" y, por lo tanto, hay que reformarla, después de conocer que El Rafita ha delinquido tres veces pese a estar en libertad vigilada por el asesinato de la joven Sandra Palo. Aguirre se ha mostrado partidaria de una cadena perpetua revisable caso por caso y, tal y como hizo ayer el presidente del PP andaluz, ha pedido abrir un debate sobre su implantación.
"En los casos en los que se sabe que no hay ningún tipo de arrepentimiento ni posibilidad de reinserción en la sociedad, creo que, aceptando la revisión (de condena) cada X años, no hay por qué descartar la cadena perpetua", ha aseverado Aguirre, quien ha añadido que está "totalmente de acuerdo con Arenas. Hay que abrir ese debate porque los países democráticos lo tienen. Si lo que se quiere es que la cadena perpetua se limite a 30 años revisables hay que abrir el debate".
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha terciado hoy en el asunto y ha asegurado que el sistema penal español es "el más duro de Europa", "mucho más duro" que el de otros países -como Francia o Alemania- en los que existe la cadena perpetua, ya que, precisamente, esta es revisable y no supone el cumplimiento íntegro de la pena.
"Arenas se ha pasado el fin de semana haciendo populismo barato", ha señalado Rubalcaba, que ha recordado que en España "los delitos graves están penados con 40 años de prisión, que se cumplen íntegramente", mientras que en los países europeos en los que existe la cadena perpetua, ésta "es revisable a los 25 años" y los condenados quedan en libertad si se les considera reinsertados.
La presidenta ha lanzado la idea aprovechando la polémica suscitada por el control de El Rafita, quien sigue legalmente en libertad vigilada hasta junio, pero al que nadie controla. La Consejería de Justicia remitió en noviembre un auto del Juzgado de Menores a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, para que pase sus últimos meses de libertad vigilada en el centro penitenciario de inserción social Victoria Kent, la antigua cárcel de Yeserías. "Ya no depende de la Comunidad de Madrid", aseguraba ayer una portavoz.
"Me parece que algo falla. Lo que falla, creo, es la Ley del Menor. Si hay que reformarla, que se reforme", ha afirmado la presidenta. La jefa del ejecutivo ha explicado que si un chico delinque siendo menor de edad es oportuno que no se le lleve a la cárcel, sino a un centro de internamiento de menores. Sin embargo, ha apuntado que si a lo largo de este periodo de tiempo cumple la mayoría de edad y está en libertad vigilada pero delinquiendo "hay que tomar las medidas oportunas para que la sociedad española sepa que no está bajo las amenazas de estos menores que por haber delinquido cuando eran menores creen que tienen patente de corso para hacer lo que sea posible".
En declaraciones en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Aguirre ha explicado que la Comunidad de Madrid "no es la responsable de la libertad vigilada de El Rafita", ya que el gobierno regional se dirigió al juez para decirle que el joven había huido a Andalucía y que la libertad vigilada la tendría que tomar Instituciones Penitenciarias. "La Comunidad tiene la responsabilidad de los centros de internamiento de menores, sometidos a medidas judiciales pero la libertad vigilada la hace Instituciones Penitenciarias", ha precisado.
Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha abogado por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y crear un registro nacional que permita detectar la existencia de delincuentes multirreincidentes. Gómez ha asegurado que la responsabilidad por los delitos de El Rafita es de la Comunidad de Madrid ya que era una persona que cumplía condena y que lo que se ha producido es una "desobediencia" y ha añadido que "quien se encarga de la ejecución de las sentencias judiciales son las comunidades autónomas".
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