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La Audiencia Nacional advierte del riesgo de que 'Luigi' destruya pruebas si queda libre

Confirma la medida de prisión que el juez Baltasar Garzón acordó para el ex diputado del PSC Luis García, presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística que se investiga en la operación Pretoria

La Audiencia Nacional ha confirmado la medida de prisión que el juez Baltasar Garzón acordó para el ex diputado del PSC Luis García, presunto "cerebro" de la trama de corrupción urbanística que se investiga en la "operación Pretoria", ante el "elevado riesgo" de destrucción de pruebas. Así consta en el auto en el que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal rechaza el recurso de García contra la prisión ordenada por Garzón, que consideró al ex diputado socialista como el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y, "especialmente", con el ex alcalde de esta localidad Bartomeu Muñoz.

La puesta en libertad de García, en prisión desde el pasado 30 de octubre acusado de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental, acarrearía, según la Sala, "un elevado riesgo de que se destruyan evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios en la investigación". Además, añade que García "dispone de cuantiosos fondos y, presuntamente, realiza actividades fuera de la jurisdicción española". Por ello, entiende que la decisión adoptada por el magistrado es la "única capaz de conjurar el mencionado riesgo".

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La semana pasada, la Audiencia Nacional también rechazó el recurso interpuesto por el empresario Lluís Casamitjana contra la fianza de 500.000 euros impuesta por Garzón, que le imputó los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otro de fraude fiscal el pasado 30 de octubre. Dicha resolución fue la primera sobre la investigación de la "operación Pretoria" adoptada por la Sala de lo Penal, que aún debe pronunciarse sobre el recurso de Bartomeu Muñoz, que también permanece en prisión incondicional.

Los empresarios Josep Singla y Manuel Carrillo, y el director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela -a los que Garzón impuso fianzas de 500.000, 100.000 y 25.000 euros, respectivamente-, también presentaron recurso ante la Sala y están a la espera de conocer la resolución. También los ex altos cargos de los Gobiernos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habían presentado recurso contra su ingreso en prisión, pero éste quedó sin efecto al acordar Garzón el pasado día 7 su puesta en libertad bajo fianza de un millón de euros.

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