La Audiencia confirma la prisión para el 'cerebro' del 'caso Pretoria'
El tribunal cree que otro implicado, el empresario Casamitjana, esconde 300.000 euros en Andorra
La libertad bajo fianza de medio millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Baltasar Garzón al empresario implicado en el caso Pretoria Lluis Casamitjana fue una decisión "adecuada, cabal y ponderada". Así lo estima la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha rechazado el recurso presentado por Casamitjana contra la medida cautelar dictada en su contra. En la primera vez que se pronuncian sobre el caso, los magistrados aprecian "graves indicios" contra el empresario de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude a Hacienda.
La Audiencia ha rechazado además el recurso del presunto cerebro de la trama Luis García, Luigi, para quien ha confirmado prisión. La Sala considera que la actuación de Garzón es "terminante y clara" y que lo envió a prisión por el "elevado riesgo de que se destruyeran evidencias u otros datos o elementos necesarios en la investigación". Tanto la Sala como Garzón llegan a la conclusión de que la prisión para el cerebro de la trama es "la única medida capaz de conjurar ese riego". Recuerda además que Luigi dispone de "cuantiosos fondos y presuntamente realiza actividades fuera de la jurisdicción española".
Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel aseguran que esos indicios contra Casamitjana se desprenden de su actuación a través de de sus empresas EPI S.A. y Procam SL. Esas compañías "compraron un solar en el puerto deportivo de Badalona, en cuya adquisición supuestamente mediaron abonos irregulares a otros miembros de la trama que recibieron también comisiones en otros proyectos posteriores" de las empresas de Casamitjana.
El empresario, además, en contra de lo que declaró ante el juez Baltasar Garzón, tiene dinero en el extranjero. Casamitjana, según la resolución de la Sala, "dispone de una importante cantidad cercana a los 300.000 euros fuera de España, concretamente en Andorra, que no ha sido declarada a Hacienda y que pudiera proceder de las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica". Quedan por resolver todavía los recursos del alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC) y los del resto de imputados que presentaron recurso.
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