La Fiscalía pide imputar al dueño de Teconsa

La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juez que instruye el caso de las facturas infladas de la constructora Teconsa al Ayuntamiento de Málaga en la principal obra del Plan E que cite como imputados al representante legal de la empresa, al director de las obras, Antonio Navarro, y al técnico municipal Francisco Ruiz, que ejerció como vigilante de los trabajos por parte del consistorio. Además, el fiscal ha pedido que se convoque en calidad de testigo al concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, del PP y a los responsables de las empresas subcontratistas de Teconsa que denunciaron las irregularidades en las facturas.

El pasado 20 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga abrió diligencias a instancias del fiscal por presuntos delitos de estafa y falsedad. La investigación se inició tras conocer, a través de una denuncia, que Teconsa supuestamente había emitido facturas al Ayuntamiento por un total de 531.312 euros en la obra de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando el valor de lo realmente ejecutado, según el denunciante, era sólo de 86.385 euros. Esta última cantidad corresponde a las facturas emitidas a Teconsa por las seis subcontratas que trabajaban para ella en la obra, la más cara del plan E en la provincia de Málaga, con 4,38 millones de euros de presupuesto.

El denunciante especificaba en su escrito que Teconsa supuestamente incluyó en las facturas que pasó al consistorio el doble de superficie de pavimento demolido, 11 veces más de volumen de suelo excavado y un suelo que nunca se llegó a poner. De los 531.312 euros facturados hasta agosto de 2009, Teconsa cobró del Ayuntamiento un total de 444.927. Sin embargo, la constructora no usó esta cantidad para abonar los trabajos de sus subcontratas. Ante la falta de pago, estas pequeñas empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado el 10% de los trabajos. El consistorio ha embargado una fianza de 188.000 euros que puso la constructora, salpicada también por el caso Gürtel, al formalizar el contrato.

La Fiscalía ha solicitado también al juez instructor que un "perito competente" informe de forma detallada de los trabajos realmente ejecutados en las obras de la carretera, así como de su valoración económica y si corresponden a las certificaciones aprobadas.