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Los escándalos que afectan al PP

El vicepresidente madrileño compara el 'caso Gürtel' con Roldán

La Asamblea aprueba la figura del diputado no adscrito para los parlamentarios expulsados del Grupo Popular

El vicepresidente madrileño, Ignacio González, debía explicar hoy en la Asamblea de Madrid los contratos de su área de gobierno con las empresas de la trama Gürtel. La oposición, PSM e IU, le ha reprochado que, como vicepresidente y, por tanto, coordinador del Gobierno, no hubiera impedido que todas las consejerías utilizaran una argucia legal -la vía de los contratos de menos de 12.000 euros, que no requieren de la convocatoria de un concurso- para asignar a dedo los contratos a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

Pero González ha insistido en la legalidad de todos los contratos de la Comunidad de Madrid, como han hecho todos los consejeros de Esperanza Aguirre, desde que el caso salió a la luz el pasado febrero. Y ha subrayado que sólo representan el 1% de todos los contratos realizados por el Ejecutivo madrileño.

El sumario ha revelado que la Comunidad de Madrid contrató en más de 350 ocasiones con las compañías de Correa. En todos los casos, se habían troceado los gastos para que pudieran facturarse como contratos de menor cuantía.

"Lo que nos correspondía lo hemos hecho de manera impecable", ha afirmado González, que se ha quitado responsabilidades. "Usted no le exigirá a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que mire cada uno de los actos de sus ministros", ha espetado el vicepresidente al portavoz adjunto socialista, Adolfo Navarro. "Le confieso que es imposible y no entra en los ámbitos de coordinación del Gobierno".

Y ha vuelto a insistir en la tesis. "Si alguien utiliza un procedimiento legal para obtener un beneficio de manera ilícita, para eso están los tribunales", ha asegurado en referencia al ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en la trama y al que los cabecillas del Gürtel citan en el sumario como el "muñidor" de la contratación por la Comunidad de Madrid.

González lo ha comparado con ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. "¿Cree que los contratos para las casas cuartel de la Guardia Civil no cumplían escrupulosamente la legalidad?", ha espetado el vicepresidente. "¿Por eso el ministro era un chorizo, un despistado o connivente con el señor Roldán? No, porque él veía contratos legales y que las casas-cuartel estaban hechas, pero Roldán se lo llevaba", ha insistidoGonzález.

"¿Está diciendo que el robo está legalizado?", ha replicado la diputada de IU, Reyes Montiel, en su turno de palabra. "Lo que no es legal es enriquecerse, ni con los contratos mayores, ni con los menores". La diputada ha espetado al vicepresidente que no existe la transparencia de la que alardea la Comunidad de Madrid, y ha reprochado al Ejecutivo madrileño que no haya permitido a la oposición tener acceso a los contratos de la trama Gürtel porque, según la normativa de la Asamblea, los de menor cuantía no entran bajo el control de la oposición.

Más lejos fue Adolfo Navarro, que ha pedido a González que abandone su cargo: "Le invito a dimitir". El portavoz adjunto socialista ha recriminado al vicepresidente que continúe en su puesto, cuando ha manifestado públicamente su intención de abandonar el Gobierno de Aguirre, al haberse postulado para presidir Caja Madrid. "No se aferre al cargo", le ha dicho Navarro, quien también le ha exigido que pida perdón a los madrileños "por lo que no cortó", en alusión a la trama Gürtel.

La Asamblea crea la figura del diputado no adscrito

La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad la creación del diputado no adscrito, lo que permitirá a los tres parlamentarios que fueron expulsados del Grupo Popular por su imputación en el caso Gürtel continuar en la Cámara hasta el final de la legislatura con sus derechos regulados.

Estos tres diputados -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch- han participado en la votación, junto a los del PP, el PSOE e IU.

Además, López Viejo y Bosch han permanecido en sus escaños durante el transcurso del debate.

Según lo aprobado, los no adscritos gozarán únicamente de los derechos individuales que el Reglamento reconoce a todos los diputados, entre ellos el de formar parte al menos de una Comisión parlamentaria.

También mantienen el derecho a cobrar por "dedicación exclusiva" -lo que les supone un sueldo de unos 3.000 euros mensuales- y el de "no poder ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad de Madrid, sino en caso de flagrante delito".

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