Sedesa anuncia acciones legales contra el PSPV por la querella del 'caso Gürtel'

La empresa Sedesa emprenderá acciones legales contra los firmantes de la querella que el PSPV-PSOE ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, altos cargos del Gobierno valenciano y del PP, y cinco constructoras por los delitos de cohecho y financiación irregular, entre otros, en relación con el caso Gürtel.

Así se anuncia en un comunicado de Sedesa, una de las constructoras que aparece en la querella de los socialistas por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. "Se vierten falsas acusaciones y se citan cifras de adjudicaciones con la Administración autonómica que son igualmente falsas", afirma Sedesa, la empresa de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino.

Los datos de adjudicaciones de la Generalitat son, según la empresa, "públicos y fácilmente contrastables", pero "se han tergiversado intencionadamente y de manera dolosa tanto en la querella como en el informe policial que ha sido utilizado por los firmantes, a sabiendas de la falsedad de las mismas".

La nota destaca que Sedesa "ha sido adjudicataria de menos de un 2% de las licitaciones a las que se ha presentado sin que, en ninguno de los concursos en los que ha resultado adjudicataria, haya sido cuestionado el recto proceder de la administración por el resto de licitadores".

"Sedesa no ha recibido los 539 millones de euros de adjudicaciones a los que se refiere la querella", añade el comunicado. "La cifra real, que es pública y contrastable y que esta compañía ha comunicado anteriormente, es de 97 millones de euros", sostiene.

Esta diferencia, según Sedesa, "se explica por la inclusión en ese desglose de algunas cifras inexactas", porque "se han incluido obras de clientes privados y se han incluido obras en las que Sedesa participa en UTE entre el 33% y el 50%, por lo que el importe que corresponde a Sedesa en ellas se limita a su porcentaje de participación y no al total de la adjudicación".

Además, "se ha incluido la adjudicación de la concesión de la carretera CV-50, también en UTE y en la que se ha reflejado el importe máximo de la concesión a 35 años, 435 millones de euros, y no el valor real de la adjudicación". En esta concesión, financiada por la UTE, Sedesa participa en un 35%, "por lo que el importe que nos corresponde en esta adjudicación es de 56,5 millones de euros", subraya el comunicado.

La nota concluye que las "falsas acusaciones" de los socialistas contra Sedesa "dañan gravemente su imagen y al conjunto de sus trabajadores" y advierte de que la empresa "no permitirá que se cuestione su honorabilidad y procederá de forma inmediata a ejercitar acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella y todos aquellos que le injurien o calumnien".

Sobre la nota de Sedesa, el portavoz parlamentario del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado que cree "sinceramente" que el PP está "presionando

a las empresas y a las cúpulas de las patronales" para que ejerciten acciones legales contra los socialistas por la querella. Luna, uno de los firmantes de la denuncia, se ha mostrado convencido de que los populares están presionando "para que hagan este movimiento de ataque al PSPV".

Para el portavoz socialista, es significativo que Sedesa haya sido la primera de las constructoras citadas en la querella en anunciar medidas legales. "Sabemos todos cómo funciona, y sabemos todos de las relaciones familiares y de amistad de todo tipo que hay en torno al que está al frente de Sedesa", ha dicho Luna. También ha señalado que si él fuera un "empresario normal" se estaría planteando si las patronales "van a defender a cualquier empresario que cometa cualquier

delito". Ha recordado, asimismo, que la querella socialista no va "ni contra los valencianos ni contra el empresariado", y que se basa en "informes muy sólidos de la brigada de blanqueo de capitales de la unidad de delitos económicos y fiscales" y "en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".