Cárcel para el funcionario de San Fernando acusado del desfalco

Había adoptado con su mujer nombres árabes. Había falsificado documentos y podía destruir nuevas pruebas. La juez instructora del caso abierto en San Fernando (Cádiz) por la desaparición de más de 7'8 millones de euros de las arcas municipales apuntó ayer estas causas como principales argumentos para ordenar el ingreso en prisión de Clemente Ruiz, el funcionario detenido en abril tras detectarse el desfalco.

Su compañera, quien también llegó a ser arrestada, ha quedado en libertad con cargos tras ser citados hoy ambos en el juzgado. La defensa de Ruiz no entiende este repentino encarcelamiento, a sólo un mes de celebrarse el juicio de lo contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, gobernado por PA y PP, en el que el imputado reclamaba su reincorporación a su puesto de trabajo. El auto de prisión dibuja toda una elaborada trama para hacer desaparecer de la caja municipal elevadas sumas de dinero.

Las arcas empezaron a ser saqueadas en 2003, según la investigación de la intervención municipal. Pero estas cantidades no se echaron en falta hasta que una inspección rutinaria la Cámara de Cuentas de Andalucía lo detectó a principios de este año.

Entonces el Ayuntamiento lo denunció a la Policía, que procedió a la detención de Clemente Ruiz y su compañera María José Lebrero. Según el equipo de gobierno, eran los únicos funcionarios que tenían acceso a prisión. Según el auto de prisión, Ruiz, quien era también propietario de una inmobiliaria, falsificó documentos para retirar de la caja municipal dinero que luego registraba como operaciones realizadas por su empresa privada, aunque estas operaciones no eran reales.

La juez destaca que el funcionario tenía contactos con empresarios marroquíes instalados en la ciudad y que llevaba un alto tren de vida, gracias al dinero que presuntamente procedía del dinero ingresado en la caja municipal, a la que él tenía acceso directo.

El encarcelamiento se motiva también en la posible destrucción de pruebas y en el claro riesgo de fuga, algo que se razona en que Ruiz y su esposa haya adoptado recientemente nombres árabes. En concreto, el funcionario se presentaba ya como Ahmed. Su abogado, Ignacio Quintana, tachaba ayer de "surrealista" esta resolución. "Mi cliente lleva todos estos meses fuera de su puesto de trabajo porque ha sido suspendido de empleo y sueldo. ¿Qué tipo de prueba podría destruir", aseguró.