La Sindicatura de Cuentas aconseja a la Generalitat informatizar sus contratos

La Sindicatura de Cuentas, el organismo que fiscaliza la gestión económica y financiera de la Generalitat, difundió ayer el informe de 2006 en el que le aconseja que para los ejercicios futuros controle el procedimiento contractual por medio de "sistemas electrónicos e informáticos". Durante ese año, la Generalitat gastó 152 millones de euros en informes, distribuidos así: 615 contratos de servicios (139 millones) y 108 informes de consultoría y asistencia (12 millones). De esta investigación están excluidos los de importe inferior a 12.000 euros, exentos de pasar por concurso.

En sus conclusiones, la Sindicatura subraya que la Generalitat firmó contratos bajo los principios de "objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia y no discriminación", pero desgrana fallos de organización: "Se ha comprobado que no existe un criterio normalizado y sistematizado de archivo de los expedientes de contratación; los documentos que conforman el expediente contractual no están numerados y no existe un índice que indique qué documentos lo integran", señala la sindicatura, que añade: "La falta sistemática en el archivo de la documentación comporta una debilidad significativa en el control interno, tanto para la seguridad del expediente como de los documentos que lo integran". Pero este análisis es de 2006 y la Generalitat asegura que las cosas han cambiado. Martí Carnicer, secretario de Economía y Finanzas, alegó en junio ante la sindicatura que el Gobierno aprobó el mismo 2006 el Gestor Electrónico de Expedientes de Contratación (GEEC). Desde 2008 se aplica en Economía, Justicia, Política Territorial y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). El plan es extenderlo a todos los departamentos en 2009, y en 2010 a otros organismos de la Administración. Pero, pese a eso, este caso ilustra la descoordinación denunciada por la sindicatura: dos departamentos encargaron en 2007 con siete meses de diferencia sendos informes al mismo autor sobre la crisis automovilística, por 20.000 y 27.000 euros.

La oposición denunció ayer la falta de transparencia del Ejecutivo: el Partido Popular le pidió amparo al presidente del Parlament —"no nos dan los informes de 2008", dijo Dolors Montserrat— y Josep Maria Pelegrí, de CiU, entró una proposición de ley para que se fiscalicen los contratos inferiores a 2.000 euros, exentos de ese control desde 2004. Presidencia insistió en que los informes están a disposición de los diputados en los departamentos —han recibido 40 visitas— y que ha contestado 30.000 preguntas y atendido 700 solicitudes.