La ley electoral catalana inicia su incierto camino en el Parlament

Tras 30 años de autogobierno sin Ley Electoral catalana, el Parlament se pondrá manos a la obra para redactar esta norma en una ponencia en cuanto vuelva de vacaciones. Así lo acordó la cámara en su pleno ayer. Pero la unanimidad con la que el Parlament aprobó la moción de Convergència i Unió (CiU) que insta a crear esta ponencia no refleja ni la agria discusión que protagonizaron los grupos ni el camino espinoso que tendrá que superar la elaboración de la norma si quiere llegar a buen puerto antes de que finalice la legislatura, dentro de poco más de un año.

Durante el debate de la moción, CiU, que no llevó adelante la norma durante sus 23 años al frente del Gobierno de la Generalitat, echó en cara al tripartito no haber creado antes la ponencia. "Ahora votan a favor de la ponencia por interés mediático y de imagen, pero luego veremos si tienen voluntad de que la ley electoral acabe siendo una realidad", advirtió en nombre de los nacionalistas Josep Maria Pelegrí. Pelegrí también subrayó que su grupo defiende un "equilibrio territorial" que asegure que Barcelona no eclipse a los territorios más despoblados. Esto beneficia a CiU, y la pretensión de este partido de mantenerlo en la nueva norma puede ser una de las piedras en el camino de la ley.

El socialista Miquel Iceta ya insistió ayer, en efecto, en que si CiU mantiene una postura intransigente sobre este aspecto el acuerdo será difícil. Por otro lado, Iceta no descartó la posibilidad de que el PSC acepte las listas desbloqueadas, algo sobre lo que algunos dirigentes socialistas habían mostrado reticencias en el pasado. De hecho, esa es una de las innovaciones que propone el borrador que el consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, remitió a los partidos políticos en junio pasado para tratar de sacar la elaboración de un sistema electoral catalán del atascadero en el que había caído.

La otra iniciativa que, más o menos libre de las restricciones de la disciplina de grupo, trató de impulsar la norma es la Iniciativa Legislativa Popular que promueven Ciutadans pel Canvi (CpC), que en el Parlament comparten bancadas con los socialistas. Su diputado Toni Comín se mostró ayer satisfecho con la aprobación de la moción, y consideró que así se cumplía el principal objetivo que perseguía su agrupación cuando impulsó la ILP, que se mantiene abierta, pese a que Ausàs reclamó que su retirada.