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Detenido el vicepresidente de una ONG en una operación contra la inmigración ilegal

29 arrestados, entre ellos un alto cargo de Infancia sin Fronteras, acusado de favorecer la entrada de sin papeles y falsificación de moneda

Blanqueo de dinero, inmigración ilegal, falsificación de tarjetas de crédito, estafa, documentación falsa. La denuncia por la clonación de una tarjeta de crédito en agosto de 2008 ha permitido a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía (UDEF) desarticular una red mafiosa multidisciplinar que llegó a defraudar más de 400.000 euros e introdujo de forma irregular a ciudadanos cubanos en EE UU. Entre las 29 personas arrestadas el pasado 28 de abril se encuentra el miembro fundador y vicepresidente de Infancia Sin Fronteras, Miguel Ángel Gisbert. El presidente de la ONG, Luis Lastra, ha negado este miércoles que el detenido haya utilizado la organización para sus presuntos negocios fraudulentos y le ha despojado de sus cargos.

"Nosotros nos enteramos [del arresto] ayer [por el lunes] por la tarde. Estuvo seis días sin venir a la oficina, no cogía el teléfono. Como acababa de venir del Sáhara pensamos que estaría enfermo. No era normal que faltara tantos días", declaró el presidente de la ONG, que desarrolla proyectos de apoyo a la infancia, fundamentalmente en Nicaragua, pero también en otros países como Marruecos o Sri Lanka. Lastra se mostró especialmente sorprendido porque asegura que conoce a Gisbert desde hace 10 años. "Me llamó el lunes y me dijo que había estado detenido en la Audiencia Nacional y que no había cometido ningún delito". El vicepresidente de la ONG también comunicó a Lastra que necesitaba 12.000 euros para la fianza.

Durante esos seis días en los que no tuvieron noticias suyas, Gisbert fue arrestado junto a su esposa y otras 27 personas, declaró en la Audiencia Nacional y fue encarcelado hasta que el lunes fue puesto en libertad, acusado, entre otros cargos, de falsificación de moneda y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según fuentes de la investigación, existía una relación "de amistad y total confianza" entre este alto cargo de Infancia sin Fronteras y el cabecilla de la trama, dirigida por un ciudadano cubano, y "ambos participaban de los beneficios". Fuentes policiales sí están convencidas de que Gisbert se aprovechó de su cargo para sus maniobras ilegales. "La relación de la ONG quizás no se pueda demostrar nunca". El presidente de Infancia sin Fronteras asegura que sí tenían constancia de que Gisbert tenía una empresa de telefonía en Nicaragua [su esposa es nicaragüense], pero nunca sospecharon que pudiera dedicarse a estas actividades. Entre los colaboradores de Infancia sin Fronteras, creada hace 10 años y que da asistencia a unos 20.000 niños, se encuentran la Fundación del Atlético de Madrid, el Programa de Ana Rosa Quintana o la Obra Social de Caja Madrid.

Gisbert realizaba continuos viajes a Nicaragua, donde la ONG desarrolla el 70% de su actividad. En ese país tenía establecidas varias empresas fantasma que se mantenían con dinero procedente del blanqueo de capitales y cuya matriz se encuentra en España. A través de estas mercantiles, la red mafiosa ofrecía contratos de trabajo a cubanos para que trabajaran en ellas. Con este sistema lograban que estas personas viajaran a Nicaragua, supuestamente para trabajar. Tras esperar un tiempo prudencial se remitía desde España, donde estaba la empresa matriz, una carta de invitación y un contrato de trabajo, con lo que los ciudadanos cubanos se desplazaban entonces hasta nuestro país. Así lograban su entrada con apariencia de legalidad. Sin embargo, la empresa por la que eran contratados no existía.

Posteriormente, el responsable de la organización facilitaba documentación falsa para su salida de España con destino a México. Si conseguían pasar el control de entrada de las autoridades mexicanas debían destruir el pasaporte falsificado y dirigirse a las ciudades fronterizas con EE UU, para que otros miembros del grupo facilitaran su entrada. La investigación sólo tiene constancia de cinco casos de estos movimientos, pero asegura que el Departamento de Inmigración de Estados Unidos se encuentra analizando el caso. Los cubanos pagaban unos 6.000 euros por los servicios de los delincuentes detenidos.

Falsificación de tarjetas

Además de los arrestos, los agentes han practicado 13 registros, en los que se han desmantelado un taller que la organización empleaba para la falsificación de las tarjetas que posteriormente eran usadas en comercios. En los registros se ha intervenido una pistola, material informático, tarjetas de crédito y diversos efectos adquiridos con las tarjetas clonadas. El fraude provocado con las compras ilícitas supera los 400.000 euros.

La Operación Gold se inició en agosto de 2008, cuando se recibió una denuncia de un particular al que habían clonado su tarjeta en un restaurante. El modus operandi del grupo consistía en obtener la información contenida en las bandas magnéticas de tarjetas con pequeños lectores-grabadores. Los empleados de varios restaurantes y bares de copas realizaban esta operación. Después, se clonaban. Los dispositivos para copiar los datos permanecían en cada establecimiento por períodos de tiempo muy cortos, lo que dificultaba la detección de nuevos puntos de compromiso y la localización de los integrantes de la organización.

Posteriormente distribuían las tarjetas falsificadas a otros miembros de la organización. Los pasadores o tiradores eran los encargados de realizar compras con las tarjetas clonadas en diferentes establecimientos comerciales. Adquirían principalmente ordenadores portátiles, consolas, cámaras de vídeo y fotos, pero también otros artículos como relojes y joyas. Los productos que adquirían eran siempre de gran calidad y los vendían después en el mercado ilícito a precios muy inferiores a los de mercado. El dinero en efectivo obtenido se invertía en la compra de oro.

Objetos incautados a la red que se dedicaba a la falsificación de tarjetas y a la inmigración ilegal
Objetos incautados a la red que se dedicaba a la falsificación de tarjetas y a la inmigración ilegalMINISTERIO DEL INTERIOR

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