Justicia acusa de corporativismo a los secretarios judiciales por convocar un paro por el 'caso Mari Luz'
El ministerio garantiza la atención con servicios mínimos para la huelga de mañana
El paro de tres horas planteado para mañana por los secretarios judiciales responde a "razones corporativas", según el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha asegurado que los servicios mínimos garantizarán la atención a los ciudadanos.
La protesta responde a las presiones políticas, según los jueces y secretarios, ejercidas por el Gobierno en el caso Mari Luz. El juez Rafael Tirado y la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, olvidaron ejecutar la sentencia contra Santiago del Valle -supuesto asesino de la niña- que debería haber ingresado en prisión por un delito de abusos sobre su hija.
Los secretarios judiciales sí pueden hacer huelga, mientras que los jueces lo tienen prohibido, pero convocarán juntas generales simultáneas para bloquear el normal funcionamiento.
La reforma de las leyes procesales, una de las reivindicaciones de la huelga, no pudo ser aprobada por el Congreso de los Diputados durante la anterior legislatura por falta de apoyo parlamentario, según el ministerio de Justicia. El pasado 18 de julio,
Fernández Bermejo, presentó al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de reforma. "Al Ministerio de Justicia le sorprende que, precisamente, una de las asociaciones promotoras del paro no haya respondido hasta el momento al texto normativo, contribuyendo con su actuación a que el trámite prelegislativo se demore más de lo deseable", señala Justicia.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, se reúne hoy con 16 jueces decanos para tratar con ellos los problemas que afectan a la Administración de Justicia y conocer los motivos del paro de mañana.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha mostrado hoy su "más firme apoyo" a la decisión adoptada por jueces decanos de toda España de convocar juntas de jueces para mañana martes, coincidiendo con el paro de los secretarios judiciales.
En contra de la huelga se ha mostrado la Unión Progresista de Fiscales, que pese a criticar las injerencias políticas en la tramitación de expedientes, ha advertido de lo impopular que resultaría una imagen corporativista de jueces y secretarios judiciales.
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