La Junta aprueba el proyecto de ley sobre mediación familiar

El Gobierno andaluz Gobierno, reunido hoy en Huelva, ha aprobado el proyecto de la Ley de la Mediación Familiar en Andalucía, que regula un procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia. Este texto legal, que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de octubre aunque no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura, no se aplicará a casos de violencia o maltrato.

El proyecto establece quién puede solicitar la mediación y qué conflictos pueden entrar en su ámbito. También se recoge el régimen sancionador por el incumplimiento de los deberes que corresponden a los profesionales mediadores en el ejercicio de sus funciones. Entre los que pueden solicitarlo voluntariamente se encuentran personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Las personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

Entre los conflictos figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela. La mediación familiar, no obstante, quedará expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.

Un registro de Mediación Familiar

Profesionales con titulación universitaria en disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra licenciatura o diplomatura de carácter social, psicológico o jurídico son los que ejercerán la mediación. Estos profesionales quedarán inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, cuya creación también dispone el proyecto de ley. El posterior desarrollo reglamentario determinará la formación específica y la experiencia que deberán acreditar.

El procedimiento no supondrá ningún coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jurídica gratuita. En el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente. De igual modo, se garantizan los principios de voluntariedad de las partes que soliciten la mediación, la imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora y la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso.

La Junta de Andalucía desarrolla desde 2001 un programa de mediación familiar a través del cual se han atendido más de 4.500 casos, con una inversión total de más de dos millones de euros.