La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe por un delito urbanístico

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por un posible delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de una nave en suelo no urbanizable y tratar de consolidar esa actuación en el nuevo PGOU extendiendo el límite urbano en zona de valor productivo.

La denuncia, que el fiscal dirige al alcalde "sin perjuicio de la ampliación de la imputación a otros posibles coautores", es el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción y otras dos asociaciones conservacionistas contra el regidor, al que atribuían también un presunto cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y estafa.

En el decreto por el que acuerda denunciar al alcalde, del que ha informado hoy el Ministerio Público, el fiscal considera que en la construcción de la nave comercial "no se dieron los requisitos legales de exigencia básica" y que mediante resoluciones "claramente ilegales" se autorizaron las obras en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias vigentes.

La edificación de la nave, en la N-4332 Granada-Córdoba, se produjo a escasos metros de la vía del tren, en zona contemplada en las normas subsidiarias como Sistema General de Ferrocarriles al estar dentro de los cien metros de afección territorial y limitando con una franja considerada área de reserva de terrenos.

Una nave de interés público

En el informe remitido por el alcalde a la Fiscalía, Sánchez reconocía que la nave se hizo en suelo no urbanizable pero con la declaración de interés público, aprobada en un pleno municipal en 1999 -por mayoría de ocho ediles del PSOE, tres de IU y uno del Grupo Mixto, y el voto en contra del PP- sin que fuera impugnado.

Según el fiscal, aunque es cierto que el pleno aprobó la construción bajo la invocación del interés social, esa declaración "se alejó de la legalidad" porque no fue autorizada por el órgano competente -la Consejería de Obras Públicas-, como exige la ley.

La consejería, según el fiscal, afirmó que el proyecto era de utilidad pública pero se opuso a la ubicación de la nave en la parcela pretendida por el Ayuntamiento y propuso otra localización.

Tampoco se elevó la propuesta a la Comisión Provincial de Patrimnio, según el fiscal, a quien consta igualmente un informe de la oficina técnica municipal indicando que el emplazamiento de la nave era contrario a la normativa y las ordenanzas municipales.

Esas circunstancias, unidas a la "reticencia municipal" a mostrar al Seprona la información requerida, llevan al fiscal a considerar que en la construcción de la nave "no se dieron los requisitos legales de exigencia básica".

El fiscal también considera acreditado "indiciariamente" que el alcalde pretendió dar "cobertura legal a los hechos consumados", mediante la revisión del PGOU incluyendo el terreno de la nave como equipamiento comercial y extendiendo el límite urbano de la localidad en suelo no urbanizable de excepcional valor productivo según el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada.