Tres años de prisión para De la Rosa por apropiación indebida en el caso Gran Tibidabo

El empresario catalán Javier de la Rosa ha sido condenado a tres años de prisión por apropiarse de forma indebida de 68 millones de euros de la empresa Gran Tibidabo, que presidió hasta 1993, confirmándose así el acuerdo al que llegaron todas las partes excepto el abogado del Estado. De la Rosa ha quedado absuelto del delito de fraude fiscal del que seguía acusado por parte de la Abogacía del Estado, que no se sumó al acuerdo.

Por la descapitalización de Gran Tibidabo, la Audiencia de Barcelona también ha condenado a un año de cárcel a Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), y al ex representante de Fitinvest, Ramon Fiter. Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa, ha sido condenado a medio año de prisión, mientras que el empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal ha sido condenado a tres meses de cárcel.

Por su parte, la ex administradora de la sociedad Pinyer, Carolina Malagelada, que inicialmente afrontaba cuatro años de cárcel, ha sido absuelta después de que la Fiscalía retirase la acusación porque la causa se dirigió contra ella cuando el delito de apropiación indebida ya había prescrito.

En el caso de De la Rosa, la Audiencia tiene en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el caso tardó 13 años en llegar a juicio, y de reparación parcial del daño, tal y como solicitaba la Fiscalía. Del delito de fraude fiscal también han quedado absueltos Cruells, Cerdà, Piñana y Malagelada, de los que les acusaba la Abogacía del Estado por el impago de 1,6 millones a Hacienda. La sentencia deja abierta la puerta a los perjudicados personados en el proceso para que puedan ejercer acciones civiles y reclamar el dinero que se les debe.

La sentencia confirma así el acuerdo alcanzado en la fase del juicio entre las partes, a excepción de la abogacía del Estado, después de que De la Rosa aceptara su inculpación como responsable de apropiación indebida continuada, pero rechazara haber cometido fraude fiscal. En un pacto previo a la celebración del juicio oral, todas las partes acordaron penas de tres años de prisión para los cuatro principados acusados por un delito continuado de apropiación indebida y la retirada de los cargos de fraude fiscal, a excepción del abogado del Estado, que mantuvo esa acusación.

En lo relativo al supuesto impago de impuestos a Hacienda, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona han valorado las "consecuencias que están en juego", que no son otras que ver "si el ingente número de perjudicados" (más de 10.500 accionistas) por este proceso podrán, después de más de trece años de espera, recuperar parte de los ahorros perdidos.

En la sentencia, los magistrados destacan que los acusados no actuaron "para" la sociedad CNL -a la que la Abogacía del Estado reclama impuestos-, sino "contra" los intereses de la misma y que los accionistas desconocían las maniobras de malversación financiera que se estaban llevando a cabo. Así, consideran que las cantidades malversadas constituyeron"perdidas extraordinarias" para CNL, ya que fue un robo de dinero, operaciones "ilícitas" que los acusados llevaron a cabo con la finalidad de apropiarse de los recursos de Gran Tibidabo, "no de entregas de dinero decididas legítimamente por los órganos de la sociedad.

Los más de 10.500 inversores perjudicados por la descapitalización de Gran Tibidabo deberán ahora reclamar por la vía civil las cantidades que deben percibir por este caso.