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Suspendidos de empleo y sueldo 21 guardias civiles que se manifestaron de uniforme

Los generales del Instituto Armado habían pedido penas más duras, pero el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha querido realizar un "gesto" hacia la nueva etapa de reconocimiento de las asociaciones

El director de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, ha sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyá, por la manifestación celebrada el 20 de enero pasado en Madrid y a la que la Junta Directiva de AUGC al completo y centenares de agentes acudieron de uniforme. Otros 20 agentes del Instituto Armado expedientados han sido también suspendidos durante varios meses, ya que se considera que crearon "alarma social". Aunque los generales del cuerpo pedían medidas más duras para ellos, incluyendo la expulsión de Perpinyá, Mesquida ha querido reducir las penas en aras de realizar un "gesto" de cara a la nueva etapa de reconocimiento de las asociaciones.

Así, además de Perpinyá, han sido sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo el entonces secretario de Comunicación de AUGC, Juan Antonio Delgado Ramos, que ejerció como conductor del acto, y con tres meses el resto de los 19 expedientados, entre miembros de la Junta Directiva Nacional de la Asociación y secretarios provinciales. Ninguna de estas sanciones implica la pérdida de destino.

En la resolución, que lleva la firma de Mesquida, se recuerda que el Consejo Superior de la Guardia Civil, integrado por todos los generales del Cuerpo en activo, había propuesto penas más duras, incluida la expulsión de Perpinyá. Sin embargo, con la intención de realizar "un gesto para establecer un antes y después de la regulación del asociacionismo en el Cuerpo" se han rebajado esas peticiones, en referencia a la reciente aprobación de una Ley Orgánica que reconoce el asociacionismo profesional en el Instituto Armado.

Precisamente, la aprobación de esa Ley en esta legislatura y la reforma del régimen disciplinario, la segunda promesa relativa al cuerpo del programa electoral del PSOE, fue lo que motivó la convocatoria de AUGC en la Plaza Mayor de Madrid, asistiendo sus convocantes y una importante parte del público con el uniforme, lo que contraviene las Reales Ordenanzas.

Ostentación del uniforme

La resolución del expediente a Perpinyá considera especialente grave que se trasladase en aquel acto a la sociedad "un mensaje reivindicativo" por parte de agentes de un cuerpo de naturaleza militar. Además, se señala como "radical elemento diferenciador la ostentación del uniforme como seña de identidad de una protesta, que hasta este momento había sido preservado de debates profesionales".

También se considera que expresiones utilizadas por Perpinya, como "legítima lucha", son elementos especialmente graves y contrarios a la disciplina. Además, se recogen gritos del público, incluidos los agentes de uniforme, como "Zapatero, embustero", "Desmilitarización", "Somos policías, no soldados" o la que se dirigía al presidente del Gobierno para espetarle "Zapatero, hoy no tengo miedo".

Alarma social

Asimismo, se acusa a los sancionados de crear "alarma social" al sugerir a los ciudadanos que aquellos que "están para protegerlos y servirlos" se sienten "capaces de saltarse las órdenes de sus superiores y sus propias normas de actuación".

Según la Brigada Provincial de Información de la Policía, a la concentración, convocada bajo el lema 'Derechos Ya', acudieron miles de personas y unas 700 vistiendo el uniforme, pero desarmados, una cifra de personas uniformadas que AUGC elevó en su momento a 3.000. Por el atril pasaron, entre otros, Fernando Savater, y el líder de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, quien cumplió pena de prisión por participar en el acto.