El juez imputa a otras 15 personas por la tala masiva en Navas del Marqués

El juzgado de Ávila que instruye el caso por la aprobación de la ciudad del Golf -una urbanización de 1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf, en un pinar de Ávila especialmente protegido- ha ampliado drásticamente el número de imputados. Tras declarar por la presunta corrupción en la aprobación el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, el secretario municipal, el director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el ex presidente de la Diputación, Félix San Segundo, el juez ha aceptado la petición de la asociación ecologista Cetaurea y llama a declarar a ocho miembros de la comisión territorial de urbanismo, al promotor del complejo, Francisco Gómez, alias El Paloma, y a seis técnicos que avalaron la recalificación.

En un auto fechado el 12 de noviembre, el juez llama a decarar a todos los miemrbos de la comisión de urbanismo "vista la existencia de acuerdos adoptados por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio". La comisión aporbó la recalificación de un pinar especialmente protegido que incluye una parte considerada área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El plan le permitía a la empresa la tala de más de 35.000 pinos maduros. Un vecino molesto porque a él no le recalificaron el suelo recurrió y en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización. Ahora, como en Marbella, el juez trata de dirimir si hubo prevaricación.

Años antes de iniciar la urbanización, el ayutamiento, la Junta y la diputación, del PP, habían pactado por escrito con el promotor que le recalificarían el pinar. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era garantía suficiente, ya que la Junta podría frenar la urbanización. Así que ésta entró en la operación.

La Consejería de Medio Ambiente entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron un promotor para edificar el pinar. Según un consejo de administración, contactaron entonces con la empresa Residencial Aguas Nuevas, del promotor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, también presidente de varios equipos de fútbol. Entonces la empres ya firmó "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros".

El pinar salió a subasta y se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificadas la mitad). Era más del doble del terreno pactado inicialmente pero or prácticamente el mismo precio. Era febrero de 2002 y en julio, al firmar la escritura, la constructora introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría.

Sólo el Tribunal Superior de Castilla y León, contra todo pronóstico, anuló la urbanzición para proteger el medio ambiente, ya que consideró que la Junta vuleró su propia normativa de protección de la cigüeña negra. La sentencia no impidió que El Paloma talase unos 3.000 pinos antes de que el fiscal de Medio Ambiente lograse parar la tala.

Por el juzgado ya han declarado cuatro imputados y ahora pasará un representante de la empresa Aguas Nuevs, José Ángel Arranz, que firmó informes favorables junto a Mariano Torre; Juan Manuel Pardo Ontoria, jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Ávila; Sabas Yagüe que emitió informes contradictorios; José Igancio Molina entre otros técnicos. La lamada se produce porque los ya imputados se han escudado en los informes de los técnicos y en la unanimidad de la comisión territorial de urbanismo para justificar la urbanziación.