Un informe del CGPJ se opone a que Garzón medie en el caso de la española presa en EE UU
Bermejo propuso al juez para negociar la excarcelación de Carrascosa, detenida por un conflicto sobre la custodia de su hija
Un informe del secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Celso Rodríguez, señala que no tiene encaje en la Ley la petición del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que el juez Baltasar Garzón medie entre España y EE UU en el caso de María José Carrascosa. El informe se ha dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, que responderá mañana a la solicitud de Justicia, según fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces.
La valenciana María José Carrascosa está encarcelada en Nueva Jersey desde hace seis meses por un conflicto judicial sobre la custodia de su hija de siete años. Su marido, el estadounidense Peter Innes, le acusó de secuestrar a la niña al llevársela a España sin su consentimiento. Además está inculpada de desacato a la autoridad por no presentarse a la Justicia estadounidense.
"Deberán ser otras vías de negociación (diplomáticas o institucionales) u otros mediadores quienes se hagan cargo de las gestiones necesarias, que todos deseamos que lleguen a buen fin", añade el texto. La petición, según este documento, "no tiene encaje en las previsiones" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Fernández Bermejo dirigió un escrito el pasado 29 de mayo al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, en el que le exponía las "graves dificultades" que se estaban encontrando para resolver este caso. El ministro ha pedido al Consejo la concesión de comisión de servicios durante el tiempo necesario a favor de Garzón "para mediar entre las partes y propugnar una solución aceptable para ambas ante las autoridades de EEUU". El ministro ha argumentado esta solicitud por el prestigio y el conocimiento que el juez tiene de la realidad judicial norteamericana.
Para el secretario general del CGPJ, "no es coherente permitir a un magistrado realizar una gestión en el extranjero que, de acuerdo con la Ley, no puede llevar a cabo en ningún caso en España". Además, concluye en su informe, "no puede inferirse de lo expuesto que el CGPJ no se muestre sensible hacia la situación ante la que nos encontramos".
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