PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista

El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.

El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

El comité de notables, descartado

Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Y, además, declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".

El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..

Condena expresa del franquismo

Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).

El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.