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Hasta dos millones de multa para las empresas que dañen el medio ambiente

La ley estatal podrá incluso suspender la actividad de la entidad infractora

La ley estatal de Responsabilidad Ambiental, cuyo proyecto prevé aprobar mañana el Gobierno, impondrá hasta dos millones de euros de multa a aquellas empresas que dañen el medio ambiente. La nueva norma fija la creación de un Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales y podrá incluso suspender la actividad de las empresas infractoras.

Se entenderá por daño medioambiental los causados a las especies silvestres y a los hábitats, a las aguas (superficiales o subterráneas), a la ribera del mar y de las rías y al suelo. Aunque la nueva ley no se aplicará si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar el daño.

El proyecto, que ya se puede consultar en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, afectará a miles de instalaciones industriales, empresas de transporte, explotaciones agrarias o balsas mineras, entre otras.

Cuantía de las multas

Las infracciones muy graves estarán castigadas con multas que irán desde los cincuenta mil hasta los dos millones de euros. Si son faltas graves, las multas oscilarán entre los diez mil y los cincuenta mil euros. En ambos casos, las sanciones podrán acompañarse de la suspensión definitiva o temporal (con un mínimo de un año y un máximo de dos) de la actividad de la empresa.

El articulado del proyecto establece también la posibilidad de que las comunidades autónomas adopten decisiones más exigentes en materia de prevención, evitación o reparación de daños medioambientales, incluida la potestad de tipificar "nuevas infracciones y sanciones".

Coste para las empresas

El Fondo Estatal de Reparación, se hará cargo de los costes derivados de las medidas de prevención y de la reparación de los bienes públicos de titularidad estatal. El encargado de gestionarlo será el Ministerio de Medio Ambiente, que se dotará con recursos de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el propio proyecto establece en su articulado que las comunidades autónomas también podrán participar en la financiación y gestión del Fondo.

Por su parte, las empresas deberán contar con una garantía financiera para poder afrontar sus posibles responsabilidades en caso de que incumplan la norma. El importe de esta garantía dependerá de la intensidad y extensión del daño que su actividad pueda causar, aunque no superará nunca los veinte millones de euros.