ICV insiste en investigar el escándalo de las cuotas y acusa a ERC de "salpicar a todo el mundo"

El portavoz del grupo de ICV-EUiA, Joan Boada, ha insistido hoy en que se debe investigar la polémica sobre las cartas enviadas por el secretario general de Presidencia, Xavier Vendrell, en las que exigía el pago de cuotas a trabajadores de la Generalitat, y ha acusado a ERC de "salpicar a todo el mundo" con sus reacciones en la polémica.

En rueda de prensa, Boada ha reiterado que "ICV no ha filtrado ninguna noticia sobre el asunto de ERC" y ha acusado a la formación republicana de adoptar la "política del calamar" en este caso, que consiste en "escampar tinta y salpicar a todo el mundo".

De esta forma, se ha referido a la polémica sobre las cartas enviadas a trabajadores de la Generalitat por Vendrell, en su calidad de secretario de organización y finanzas de ERC, en las que se les instaba a pagar una cuota al partido bajo la amenaza de perder su empleo. Boada ha remarcado que "desde ICV lo que se ha dicho es que no era ni justo ni equilibrado que el secretario de Presidencia y secretario de organización de ERC fuese quien firmara las cartas dirigidas a personas de la administración, fueran o no militantes de ERC, nada más".

"No nos hemos metido con el sistema de recaudación de dinero que tiene ERC, que ellos reconocen que han copiado del nuestro. El sistema de financiación de ERC es del todo respetable", ha añadido Boada. "Por nosotros se ha acabado el tema, no responderemos a ninguna otra declaración de otro miembro del gobierno sobre este caso. Eso sí, se ha de saber qué ha pasado", ha asegurado el dirigente ecosocialista.

A juicio de Boada, debe saberse "si ha habido consecuencias negativas para quien se ha negado a cumplir lo que decía la carta", y a partir de ahí, "si no ha pasado nada, estupendo; si ha pasado, se han de asumir responsabilidades".

ERC califica de "calumnias" las acusaciones

Por su parte, el portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, ha advertido hoy a CiU y a PP que acusar injustamente a Esquerra de delitos como amenazas y extorsión por exigir cuotas a sus cargos políticos supone cometer "calumnias", y ha acusado al líder de ICV, Joan Saura, de actuar como "un bombero pirómano".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del grupo de ERC, Ridao ha defendido el modelo de financiación de su partido por ser "perfectamente legítimo, aplicarse desde hace ocho años y garantizar la máxima transparencia en el origen de los recursos, ya que permite una completa supervisión del Tribunal Cuentas y de la Sindicatura".

Sin embargo, ha admitido que pueden haberse producido "pequeños errores formales y estéticos" en el procedimiento usado al enviar cartas a los cargos de designación política de los seis departamentos de la Generalitat que dirige ERC, y ha precisado que dichos errores serán subsanados, por ejemplo, mediante el desarrollo reglamentario de la Carta Financiera, promovida por los republicanos.

Esto, sin embargo, ha recalcado el mismo portavoz republicano, "no invalida la bondad del modelo de financiación de ERC, que es infinitamente más transparente que otros muy opacos como el de CiU, que recibe más dinero que nadie en donaciones anónimas, cuantificadas en 4,1 millones de euros, mientras que el PP recibió 3 millones", y "por supuesto, no es dinero gratis, sino que obliga a realizar determinadas políticas".

Mas acusa al tripartito de tapar el caso

El presidente de CiU, Artur Mas, ha denunciado hoy que el gobierno tripartito catalán está intentando lanzar una "operación" para evitar que del caso de la financiación de ERC se deriven consecuencias y para "protegerse a ellos mismos".

Antes de pronunciar una conferencia sobre el Estatut ante empresarios del Círculo de Economía, Mas ha subrayado que las cartas enviadas por ERC para pedir el pago de cuotas fueron "cartas de amenaza", porque "cuando tú le dices a una persona que, si no cotiza en tu partido, la echarás, es una amenaza. Que no traten de negar la evidencia. Son amenazas en toda regla, extorsión".

Según el líder de CiU, que prevé "alguna sorpresa más" en esta polémica, la postura del gobierno catalán responde a "una nueva operación de protección de ellos mismos". "Se trata de proteger el poder y las sillas a cualquier precio. Intentarán convertir este asunto gravísimo en una cosa absolutamente inocua de la que no se derive ninguna consecuencia. Si ahora dan marcha atrás desde el gobierno para taparse las vergüenzas entre ellos significa que estamos ante una nueva operación de protección del poder, al margen del interés del país", ha insistido.