Conde-Pumpido pide a los jueces que "valoren la nueva situación"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pedirá a los jueces que "valoren" la incidencia que puede tener "la nueva situación" (el anuncio de un "alto el fuego permanente" por parte de ETA) en las decisiones que tengan que adoptar y que afecten a presos de la banda terrorista.

Así se ha pronunciado Conde-Pumpido en declaraciones a la Cadena Ser, al ser preguntado por la postura que mantendrá el Ministerio Fiscal respecto al posible ingreso en prisión del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que tiene previsto declarar este viernes -el mismo día que el alto el fuego entra en vigor- ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por su implicación en los incidentes violentos registrados durante la huelga general en Euskadi del pasado 9 de marzo en protesta por la muerte de dos presos etarras.

"Por razones de prudencia no quiero anticipar absolutamente nada, esto merece una reflexión serena desde la perspectiva de las nuevas circunstancias en las que nos encontramos", ha explicado el fiscal general. En este sentido, ha añadido que los fiscales harán llegar "a los magistrados, que son los que tiene que tomar las decisiones, que valoren efectivamente lo que la nueva situación pueda tener de incidencia, sobre todo cuando se trata de medidas de carácter cautelar, no de decisiones definitivas".

Prudencia

Conde-Pumpido ha añadido que evaluará "esos acontecimientos con los fiscales competentes y con el fiscal en funciones de la Audiencia Nacional, pero mientras tanto, seguimos con la prudencia". Según el fiscal general, "los vascos y todos los españoles llevan viviendo durante varias décadas con una amenaza pendiente y permanente y creo que en este momento se abre esa esperanza, y eso nos permitirá contemplar todos los temas con la nueva perspectiva que se abre, pero no vamos a anticipar ninguna actuación".

"Este es un buen momento para la prudencia, el respeto y la responsabilidad, para no anticipar en absoluto ningún tipo de actuación y contemplar serenamente la evolución de los acontecimientos", ha insistido. El fiscal también ha apelado al respeto a las víctimas y a las decisiones que adopten tanto el Gobierno como el Parlamento tras el anuncio de los terroristas.

Sin cambio de criterio

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, se ha mostrado en contra de que el comunicado de ETA modifique la actuación de los jueces en la instrucción de las causas abiertas contra el entorno etarra. "Los jueces aplicamos las leyes en vigor y no hacemos política", ha advertido. Asimismo, ha expresado su "máxima confianza" en que Grande-Marlaska tome una decisión sobre el posible encarcelamiento de Otegi independientemente del anuncio de tregua.

También el portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha garantizado que "la Justicia seguirá actuando y la investigación de los delitos seguirá adelante" a pesar del anuncio de tregua. El portavoz ha valorado la noticia de "buena y satisfactoria" para toda la sociedad, y ha señalado que, en función del proceso, el Estado de Derecho dará "los pasos necesarios, a través de instrumentos como la política penitenciaria, para afianzar la tregua hasta ser indefinida".

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Juan Pedro Quintana, también se ha referido al cese de la violencia, que ha tildado de una "buena noticia" que "abre esperanzas para la definitiva pacificación y desaparición del terrorismo". Sin embargo, en sintonía con el resto de magistrados, ha dicho que los jueces deben seguir aplicando la ley respecto a las causas abiertas contra ETA y contra miembros de la izquierda abertzale. "No se puede confiar en que los jueces paralicen los procesos judiciales abiertos" contra ETA y su entorno, ha sentenciado.

En la actualidad, la Audiencia Nacional tiene cinco causas abiertas contra el entorno de ETA y continúa celebrando el más importante macrojuicio contra ella, el caso Ekin, en el que 55 miembros de organizaciones abertzales se sientan en el banquillo acusados de pertenencia a banda armada. En total hay alrededor de 170 miembros de la izquierda abertzale imputados o procesado en los distintos procedimientos.