Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Estatuto no incluirá el requisito de saber catalán para acceder a la Justicia

La ponencia para la reforma del texto estatutario de Cataluña acuerda eliminar esta condición e incluir la de que el conocimiento de la lengua catalana se valore en concursos de traslado

Los jueces y magistrados que ejerzan su función en Cataluña no estarán finalmente obligados a saber catalán, según se ha decidido esta tarde durante la cuarta reunión de la ponencia para la reforma del Estatuto de Cataluña, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y ha durado unas dos horas. En vez del polémico requisito, los ponentes han decidido añadir que el conocimiento suficiente de la lengua catalana "se valorará específicamente y singularmente" para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado.

El aspecto más discutido de la tarde ha sido el alusivo al papel de la lengua catalana en la administración de justicia. Los ponentes de ERC, que esta vez han sido Joan Ridao y Joan Puigcercós (Josep Lluis Carod-Rovira no ha podido asistir por un retraso en el avión en el que debía viajar), han solicitado eliminar el párrafo tercero del artículo 102, que es el que hacía referencia a la consideración de "requisito" de la lengua catalana para acceder a una plaza de la administración de justicia.

Al final, ese párrafo se mantiene y, a propuesta del PSOE, se establece que se considere el conocimiento del catalán como "mérito determinante" para ocupar una plaza en Cataluña, lo que se debatirá con motivo de la tramitación de la reforma del poder judicial. Según Ridao, esta sustitución supone un "avance" con respecto a la categoría de "mérito preferente", pero ha advertido de que su grupo defenderá la categoría del catalán como "requisito" durante el debate en la Comisión Constitucional y la tramitación de la nueva Ley Orgánica para la Reforma del Poder Judicial.

Finalmente ha habido acuerdo en torno al Título III del Estatuto de Cataluña, el que consolida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en el territorio,que convierte al fiscal jefe superior de Cataluña en la máxima figura de dicho Tribunal y que permite que el Consejo de Justicia de Cataluña sea el órgano de gobierno del poder judicial en la comunidad. Además, tras el acuerdo alcanzado hoy, la Generalitat tendrá competencia normativa (y no legislativa como constaba en el texto propuesto por el Parlamento catalán) sobre el personal judicial, y podrá gestionar los medios materiales de la administración de justicia sin perjuicio de las competencias de coordinación y homologación que corresponden al Estado".

Las votaciones de los ponentes también han revelado que ERC no se ha mostrado tan crítica con las propuestas del PSOE como en sesiones anteriores. De hecho, los representantes del partido independentista sólo han votado en contra del título del artículo 102 junto a CiU e ICV, que abogan por conservar "requisitos del personal judicial" en ese epígrafe, y en contra del 107.2, que habla de la creación de las secciones y juzgados, donde también coincidieron las fuerzas políticas catalanas menos el PSC.

Según el programa electoral

El secretario general del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, ha destacado el acuerdo en este título del Estatuto porque con él sale adelante la parte del programa electoral socialista que se refiere al poder judicial. Además, ha considerado que los pactos logrados hoy no vulneran en absoluto lo que dispone la Constitución.

Por su parte, La ponente de CiU Nuria de Gispert ha manifestado que Cataluña ha dado un "paso de gigante", mientras que el representante de ICV, Jaume Bosch, se ha mostrado plenamente "satisfecho". Precisamente Bosch ha vaticinado que ERC se unirá al consenso tras la manifestación de mañana en Barcelona, en lo que ha coincidido con el ponente de CiU Francesc Homs. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, ha dicho que esas declaraciones de Homs obedecen al "deseo" de CiU de que los independentistas se sumen al acuerdo para "subsanar aspectos que no quedaron nada claros" en el modelo pactado previamente entre el Gobierno y CiU.