El juez envía a prisión al ex director de Industria de Canarias y a su pareja por corrupción
Celso Perdomo está acusado de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Otros cinco detenidos han quedado en libertad con cargos
El juez Miguel Ángel Parramón, que investiga la trama eólica de Canarias, ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo (nombrado por el Partido Popular) y de su pareja Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria.
Perdomo ingresará en prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, y Mónica Quintana por malversación de caudales públicos y cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Celso Perdomo y su pareja eran militantes del PP, según fuentes del partido, pero tras su detención fueron suspendidos de militancia de forma cautelar.
Otras cinco personas, en libertad con cargos
Los dos acusados recibieron la notificación en los juzgados después de pasar su segunda noche detenidos, y tras prestar declaración el domingo ante el juez. Éste ha dejado en libertad con cargos a otros cinco acusados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.
Con fianzas de 100.000 a 150.000 euros salieron los empresarios Alfredo Briganti Arencibia y Enrique Guzmán; el directivo de La Caja de Canarias Jesús González; y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López, mientras que el también empresario Wilebaldo Luis Yánez quedó en libertad con cargos, pero sin fianza.
Perdomo fue director general de Industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005 cuando era responsable de la Consejería del área Luis Soria, del PP, partido que gobernó en coalición con el ejecutivo de Coalición Canaria, que preside Adán Martín, hasta junio pasado. En ese momento ambas formaciones rompieron el pacto de gobierno.
La investigación judicial sobre la trama eólica de Canarias se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo de 2005 que, desde la Consejería de Industria del Gobierno canario, se había filtrado información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que Santana trabajaba como director comercial.
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