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Prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Manilva por supuesta corrupción urbanística

Pedro Tirado y su cuñado fueron detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales

El juez Miguel Ángel Torres Segura, del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, ha dictado esta noche prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado, del Partido Democrático de Manilva (PDEM), y su cuñado, Francisco Calle, detenidos en la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, han informado fuentes judiciales.

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Detenidos el alcalde de Manilva y su cuñado por un caso de presunta corrupción urbanística

Tirado —quien antes militó en el Grupo Independiente Liberal (GIL)— y su cuñado llegaron a las 10.40 al juzgado, donde varios familiares les animaron con gritos de apoyo. Tras prestar declaración ante el juez, abandonaron las dependencias judiciales a las 21.30 rodeados de agentes policiales y fueron introducidos en un furgón policial para ser trasladados a la Prisión Provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga). La tercera detenida en esta operación, Sonia María R.G., de 37 años, ha quedado en libertad.

La detención de Tirado responde, según la policía, a la existencia de "indicios racionales" de su participación en hechos relacionados con el tráfico de influencias, adopción de resoluciones injustas a sabiendas y aceptación de dádivas para dictar una determinada resolución, por lo que está acusado de prevaricación y cohecho.

800.000 euros

En los registros de su domicilio y el de su cuñado se intervinieron cerca de 800.000 euros en metálico ocultos en bolsas y varios relojes de oro.

La investigación de este caso se ha centrado en el incremento del valor de los terrenos del cortijo La Parrada, situados en Manilva, recalificados en 2003 de suelo rústico a urbanizable no programado. En 2004 se incrementó el coeficiente de edificabilidad casi al doble del inicial, según el Cuerpo Nacional de Policía. Estos convenios urbanísticos se firmaron entre el Ayuntamiento manilveño y la sociedad Royal Marbella Estates SL, propiedad de imputados en la Operación Ballena Blanca.

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