El PSOE critica la insistencia de CiU en recoger "un sistema de financiación inconstitucional"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER que "hasta anteayer era más optimista" en relación a un acuerdo entre las fuerzas políticas sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, debido a "los movimientos de última hora y la insistencia en recoger un sistema de financiación claramente inconstitucional".

Pese al no dado anoche por CiU, Rulbalcaba recordó en el programa Hoy por hoy que la voluntad de todos los grupos es que haya reformas estatutarias, por lo que espera que finalmente pueda haber un acuerdo previo a la votación de la reforma del Estatut, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Parlamento de Cataluña.

El socialista también defendió las gestiones realizadas en la última semana por el presidente del Gobierno, que ha intentado acercar posiciones y facilitar el acuerdo con el consenso más amplio posible en la línea que marca la Constitución.

En este sentido, añadió que la intervención de Rodríguez Zapatero no supone condicionar a los líderes catalanes en su proceso de negociación. Se trata simplemente -dijo- de recoger la opinión del presidente del Gobierno, que lo es de todos los españoles, por tanto también de Cataluña, del que depende el grupo parlamentario en Cataluña y en Madrid, para facilitar el acuerdo. A su juicio, ha sido razonable que el presidente busque esa mediación y trate de buscar el acuerdo. "Vamos a ver si lo ha conseguido, que corresponde al parlamento de Cataluña, y se consigue un acuerdo de aquí al viernes que es cuando se vota", concluyó.

CiU rechazó anoche la última propuesta de financiación que le presentó el consejero de Economía, Antoni Castells, en representación del PSC y con el conocimiento de los otros dos socios del Gobierno catalán, Esquerra e Iniciativa. Pese a que la nueva propuesta asume numerosos principios sostenidos por CiU, los nacionalistas consideran que el documento encargado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, está repleto de "trampas e insuficiencias" y lo tachan de "inaceptable" porque no contempla el concierto económico, considerado inconstitucional por el Consejo Consultivo.