El Gobierno permitirá que cada comunidad se autodenomine como quiera en su Estatuto

El Gobierno ha hecho público como están a día de hoy sus planes para reformar el modelo de Estado, en concreto en lo que compete a los cambios en la Constitución y en los Estatutos de las comunidades autónomas. En líneas generales, el Ejecutivo quiere incluir en la Ley Fundamental el nombre de las regiones, recalcando que son eso, comunidades autónomas, y por orden de aprobación de sus Estatutos. En cuanto a los cambios en éstos, se inclina por que cada uno se autodefine como quiera (es decir, si Cataluña quiere denominarse nación, como apuntaban los socialistas catalanes, que así sea), pero niega la posibilidad de que un Estatuto obligue a reformar leyes orgánicas. Además, el Gobierno socialista plantea una modificación de calado en el Senado.

Las líneas generales del estado de la cuestión las ha explicado el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en el curso de una conferencia titulada "Los cambios en el España plural" en el Club Siglo XXI de Madrid. A Sevilla le ha presentado Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, a quién el ministro calificó de hombre "preocupado por España" y víctima del "terror a lo nuevo" y el "madrileñismo".

Sevilla ha explicado que, sin alterar su artículo segundo, las comunidades autónomas se enumerarán en la Constitución por el orden de aprobación de sus respectivos Estatutos. Esta medida supondría a su juicio" el cierre del mapa autonómico" en la Ley Fundamental.

Respecto a los Estatutos, el Gobierno respetará "lo que cada autonomía quiera poner como signo de autoidentificación", aunque ha sugerido la posibilidad de exigir una mayoría de dos tercios para aprobar el texto. Según ha dicho, es necesario un consenso que vaya "mucho más allá de las mayorías mecánicas", y evitar "el 51% contra el 49%"; así mismo, ha querido recalcar una vez más que la reforma del Estatuto no es la vía para cambiar la Constitución; de hecho, ni siquiera podrá obligar a modificar leyes orgánicas (el borrador del catalán exige por ahora introducir cambios en cuatro).

Sevilla está convencido de que este proceso elevará el techo de competencias de las regiones, aunque ha querido dejar claro que el Estatuto no puede "contenerlo todo" ni convertirse en un "tótem". "Lo que no puede ser es que las competencias del Gobierno central queden fijadas, por omisión, a partir de todo aquello que no esté definido en los Estatutos", ha añadido.

Respecto al Senado, la intención del Ejecutivo pasa porque cuente con un número similar de senadores electos y de representantes de los Gobiernos autónomos. Sevilla quiere convertir la Cámara Alta en el principal espacio de encuentro entre las comunidades y el Gobierno, en una institución que proteja "las diferencias identitarias" y "la solidaridad e igualdad entre los ciudadanos", y que sea además la institución de primera lectura para las iniciativas parlamentarias de contenido territorial.