El Supremo suspende cautelarmente la entrega del censo a la lista impugnada por sus lazos con ETA

El Tribunal Supremo ha decidido hoy suspender de forma cautelar la entrega del censo electoral a la lista Aukera Guztiak (AG, Todas las Opciones), impugnada ayer por el Gobierno —a través de la Abogacía del Estado— y la fiscalía. La Sala Especial del tribunal, integrada por 16 magistrados, ha estimado la petición presentada por el jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, como ya hiciera en 2004 al ser impugnada la candidatura de Herritarren Zerrenda a las elecciones del Parlamento Europeo de ese año.

Ahora el tribunal tiene de plazo hasta el sábado a medianoche para decidir si AG podrá o no presentarse a las elecciones autonómicas vascas del próximo mes. La agrupación de electores ha presentado hoy sus alegaciones a la impugnación ante el juzgado de guardia de Bilbao, en concreto veinte minutos antes de expirara el plazo para ello, a las 14.40. Las dos abogadas que hicieron entrega del escrito no han querido hacer declaraciones a la prensa. Los magistrados del Supremo se reúnen esta tarde para preparar su fallo, que podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional; en este caso, el plazo para la decisión final termina el 1 de abril, fecha de inicio de la campaña electoral.

En sus alegaciones, AG asegura que sus promotores hicieron público un manifiesto en el que quedaba claro que no tenían "ataduras" ni "compromisos previos con nadie, ni con ETA ni con Batasuna". "Tampoco con fuerza política alguna", señalan los abogados en su escrito. El manifiesto es, a su juicio, "tan sencillo y democrático que nunca podrá sostenerse que ha sido escrito al dictado o bajo la disciplina de ETA ni para defender los intereses de esta organización". Ésa afirmación "sólo puede calificarse de infundada, interesada y ajena a la realidad", pues "no existe un solo elemento objetivo en el expediente electoral" que permita entender que AG "forma parte de entramado organizativo alguno, constituido con el propósito de continuar o suceder la actividad de los partidos políticos jurídicamente disueltos".

La base de las dos demandas de impugnación es que la candidatura de AG obedece "al designio de ETA y a su deseo de no perder representación institucional". La supuesta estrategia de la organización terrorista y de su entorno pasaba al parecer por presentar una lista con nombre ligados a la ilegalizada Batasuna como pantalla para colar una candidatura blanca, es decir, sin relación aparente con el mundo abertzale. Sin embargo, según los demandantes 15 de los candidatos de AG tienen "estrechas vinculaciones" con ETA, Batasuna o su entorno.

Según informa Julio M. Lázaro, la Abogacía del Estado subraya en su demanda que existe una "clara conexión" entre las candidaturas impugnadas, los partidos ilegalizados y la banda terrorista ETA. El escrito asegura que 11 candidatos de la plataforma de Aukera Guztiak tienen "estrechas vinculaciones" con el complejo ETA-Batasuna, en tanto que la Fiscalía reduce a nueve los candidatos con antecedentes. Sin embargo, los escritos del Gobierno y del fiscal sólo coinciden en cinco nombres, lo que eleva a 15 la cifra de candidatos de la lista blanca sobre los que hay indicios de que están contaminados. En las listas de AG se presentan un total de 75 candidatos y 11 suplentes.

El abogado del Estado considera también significativo que 6.035 firmantes del total de los 31.956 que avalan la candidatura "tienen alguna relación con la izquierda abertzale y el MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), lo que supone más del 18,8%". De ellos, 964 han tenido relación con la banda terrorista ETA. El fiscal eleva esta cifra hasta 1.240 entre condenados, presos, extraditados o incursos en episodios de kale borroka. Otros 44 avalistas han pertenecido a sucesivas mesas nacionales de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

El abogado del Estado no cree "razonable pensar que este elevado número de personas han decidido casualmente, sin contar con la opinión y consenso de Batasuna y de ETA, formar una lista que compita electoralmente con la primera [la candidatura de Batasuna, que no fue aceptada por las juntas electorales], si no es formando parte de una estrategia diseñada desde la propia organización del MLNV". Según la demanda del fiscal, no es necesario "un especial esfuerzo intelectual" para extraer de esas coincidencias las consecuencias "lógicas" en torno a los vínculos que unen a AG con los partidos ilegalizados.