Tigresa y Santi Potros, condenados a 66 años por intentar asesinar al presidente del Supremo

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de 66 años de cárcel a los etarras Idoia López Riaño, Tigresa, y Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, por su participación en 1986 en el atentado frustrado contra el entonces presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil, su escolta y su chófer.

En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal les considera autores de tres delitos de asesinato frustrado, López Riaño como autora material y Santi Potros como inductor y cooperador necesario, al ser quien dio las instrucciones precisas al comando Madrid, del que en esas fechas formaba parte la Tigresa, para perpetrar el atentado.

Según el relato de hechos probados, en 1986 López Riaño y sus compañeros en el comando Madrid, los ya condenados, Antonio Troitiño, José Ignacio de Juana Chaos y Esteban Esteban Nieto, decidieron, siguiendo instrucciones de Santi Potros, asesinar al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a todas las personas que le acompañaran en el vehículo oficial que le conducía habitualmente desde la sede del Consejo.

Para ello, comprobaron los datos que "Santi Potros" les remitió desde Francia sobre las costumbres del presidente del Tribunal Supremo y acordaron cometer el atentado disparando tres granadas contra el vehículo oficial, a su paso por la esquina del Paseo de la Habana con la plaza de los Sagrados Corazones.

Los proyectiles impactaron en la rueda de repuesto del vehículo produciendo tres orificios de entrada y de salida, aunque no llegaron a estallar por estar provistos de un seguro, con lo que los tres ocupantes del coche resultaron ilesos.

No obstante, los proyectiles dañaron, además de la parte trasera del coche oficial, un Opel Senator, a otro automóvil estacionado en las inmediaciones y al utilizado por los terroristas en el atentado.

Por ello, la Sala condena también a la Tigresa y a Santi Potros a que indemnicen con 863 euros a la Administración del Estado por los daños en el vehículo oficial, con 673 a la propietaria del coche que resultó dañado en la acción terrorista y con 3.362 al dueño del vehículo utilizado para llevarla a cabo.

Arrospide y López Riaño, extraditados desde Francia en 2000 y 2001 cumplen ya condenas que suman más de 2.000 años de cárcel, siendo la más grave la que les recayó por el atentado en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles, que les supuso más de 1.500 años a cada uno.