Piden cinco años de cárcel para una funcionaria de Málaga por robar sumarios a cambio de dinero
La acusada pidó 12.000 euros por los expedientes sustraídos
La fiscalía de Málaga pedirá cinco años de prisión y once meses de inhabilitación para una funcionaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga acusada de hacer desaparecer varios sumarios a cambio de dinero. El juicio tendrá lugar el próximo lunes en la Audiencia Provincial.
El fiscal considera que la acusada, actualmente suspendida administrativamente, comietió delito de cohecho, infidelidad en custodia de documentos y revelación de secretos. La funcionaria fue detenida el 3 de abril del pasado año en una cafetería cercana al Palacio Miramar cuando daba explicaciones sobre la documentación que iba a entregar a un supuesto colaborador, que la delató a los agentes.
Según el relato fiscal, la mujer tenía encomendadas la custodia y tramitación de parte de las causas que instruía el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga y, en un determinado momento, "debido a los apuros económicos que atravesaba concibió la idea de sustraer o destruir a cambio de dinero alguno de los expedientes que le habían sido confiados".
Un 'socio' al 50%
Para ello, en los primeros días de marzo del 2003, la mujer, conocedora de que necesitaba la ayuda de una segunda persona decidió comunicar sus planes a C.F.M., con quien había entablado amistad debido a sus frecuentes comparecencias en el mencionado juzgado para reclamar la devolución de un vehículo que había comprado.
La funcionaria le propuso que colaborase con ella a cambio de la mitad de los beneficios, pues le consideraba "la persona idónea para contactar y negociar con quienes pudieran estar dispuestos a pagar por la desaparición de determinados expedientes judiciales, gracias a su actividad como investigador privado", apunta el fiscal.
El 25 de marzo la acusada, aprovechando un servicio de guardia, sacó de su juzgado cuatro sumarios relacionados con delitos de estafa, falsificación, contra propiedad industrial y contra el derecho de los trabajadores. Toda la documentación se la entregó a C.F.M. para que intentara venderla por 12.000 euros y además le facilitó "una amplia información sobre la situación de los expedientes" y recomendó a su colaborador que dijera a sus interlocutores que los asuntos procedían de la Fiscalía.
