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Garzón procesa a dos etarras por el asesinato del concejal José Javier Múgica

El juez exculpa a Ainhara Gorostiaga, presunta integrante del comando Urbasa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a dos presuntos etarras detenidos en 2002 en Francia, Andoni Otegi y Oscar Celarain, como presuntos autores del asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica, en julio de 2001, y ha exculpado de estos hechos a Ainhara Gorostiaga, a la que ha dejado en libertad por esta causa.

Para tomar esta decisión, el juez ha valorado un documento de autocrítica presuntamente escrito por Andoni Otegi remitido desde Francia, de cuya lectura "se desprende con claridad la participación" que Otegi y Celarain "siguiendo órdenes de la dirección de ETA decidieron acabar con la vida" de Múgica "por medio de una bomba-lapa", que colocaron en los bajos del vehículo de la víctima el 14 de julio de 2001 en Leiza (Navarra). Así, en su resolución, el juez acuerda procesarles por estos hechos y solicitar a Francia su extradición.

En el mismo auto, Garzón señala que no existen indicios racionales para mantener la imputación por estos hechos contra Gorostiaga y otros tres presuntos integrantes del comando Urbasa de ETA -Mikel Soto, Aurken Sola y Jorge Chocarro-, quienes ya se encontraban en libertad por esta causa.

La declaración de Gorostiaga

El pasado 3 de marzo, tras interrogar a los tres presuntos miembros del Urbasa en relación con este asesinato, Garzón decidió dejarles en libertad al considerar que no existían suficientes pruebas contra ellos, pero mantuvo en prisión a Gorostiaga a la espera de una serie de diligencias, ya que en su declaración ante la Guardia Civil cuando fue detenida, en febrero de 2002, implicó a sus presuntos compañeros de comando en este atentado.

La semana anterior a este comparecencia, el juez Guillermo Ruiz Polanco, suspendido cautelarmente por supuestas irregularidades en la tramitación de los sumarios de los comandos Urbasa y Ekaitza, dejó en libertad bajo fianza a Soto, Sola y Chocarro en la causa en la que se investiga su supuesta pertenencia al Urbasa.

Unos días antes, el juez Fernando Andreu, en sustitución de Ruiz Polanco, decidió mantener a Gorostiaga en prisión a disposición de Garzón, por ser quien investiga el atentado a Múgica, al comprobar que no podía prorrogarse otros dos años su prisión en relación con el sumario del comando Urbasa al haber vencido el plazo para ello.

Ahora Garzón, en esta nueva resolución, acuerda no procesar por estos hechos a ninguno de ellos, ni tampoco a los directores de Gara, Mercedes Aizpurua, y de Egunkaria, Martxelo Otamendi, a los que se investigaba por la publicación, en junio de 2001, de una entrevista a dos etarras en la que, según una querella de la Fiscalía, pudieron inducir al asesinato del edil, al preguntar por UPN como objetivo de ETA.