El Constitucional confirma por unanimidad la ilegalización de Batasuna

La Sala Segunda del Tribunal Contitucional ha confirmado hoy por unanimidad la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok acordada por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003, según han informado fuentes del Alto Tribunal. Así, el Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por la formación aberzale contra la decisión del Supremo al considerar que no se han vulnerado sus derechos fundamentales.

El texto completo de la sentencia del Constitucional se hará público hasta la semana que viene y hoy sólo se ha adelantado el sentido del fallo. Lo que sí se ha dado a conocer es que la decisión ha sido adoptada por unanimidad de los seis magistrados de la Sala Segunda, que son el vicepresidente del Tribunal, Tomás Vives, y los magistrados Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Cachón, Guillermo Jiménez y Vicente Conde, éste último ponente y redactor de la resolución.

Las fuentes han indicado que no han existido discrepancias entre los magistrados en cuanto al fondo de la decisión, y que las deliberaciones se han centrado en pulir los fundamentos jurídicos de la misma. El fallo de la sentencia se notificará hoy a la representación de Batasuna, cuyo recurso fue formulado por el abogado Iñigo Iruín, así como a la Abogacía del Estado y al fiscal.

La decisión del Constitucional avala la sentencia del Supremo, de 27 de marzo de 2003, que ilegalizó a Batasuna, HB y EH por vulnerar la Ley de Partidos Políticos, al estimar las demandas presentadas al efecto por la Fiscalía General del Estado y el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. El Alto Tribunal consideró que los tres partidos ilegalizados eran el "complemento político de ETA" y tenían una estrategia común con la banda.

La sentencia del Supremo defendió la ilegalidad de Batasuna, entre otros motivos, por "las frecuentes llamadas a la violencia" realizadas por estos partidos, tanto en documentos internos como en actos públicos, por lo que consideró "proporcional" decretar su disolución teniendo en cuenta que ETA ha matado a cerca de 1.000 "hombres, mujeres y niños".

El Supremo también destacó entonces que la disolución de Batasuna no sólo podía ser calificada "como necesaria para una sociedad democrática", "sino que precisamente se halla encaminada a la preservación de una sociedad en la que ese mismo sistema político impere en su plenitud".

Contra esta sentencia, la representación de Batasuna presentó el 23 de abril de 2003 su recurso de amparo ante el Constitucional, por considerar que no respetó varios artículos de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El abogado Iruín alegó que se vulneró el "derecho a un tribunal imparcial", porque Francisco Hernando, presidente del Supremo, previamente había participado en el dictamen que realizó el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, y "se pronunció a favor de su constitucionalidad". A su entender, el hecho de que se pronunciara "sobre el mismo tema" en el proceso contra Batasuna suponía que "no puede ser un juez imparcial para este asunto".

En cuanto al fondo de la sentencia, el recurso exponía "dos motivos de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva" y otros tantos de "vulneración a la presunción de inocencia". Asimismo, señalaba que se habían vulnerado los derechos a la libertad ideológica y de expresión y, en el último motivo, el más extenso, denunciaba la vulneracion del "derecho a la libertad de asociación".