Rato pide ayuda a las comunidades para incentivar la construcción y lograr "precios más moderados"

Caldera afirma que la vivienda es una "mercancía" para el PP durante una protesta contra la especulación urbanística en terrenos de Defensa

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha vuelto a reconocer esta mañana que el precio de la vivienda es un "problema serio" y, como única solución, ha mostrado su esperanza en que todos los partidos, desde las distintas administraciones, incentiven al sector de la construcción pero con precios "más moderados". Además, se ha dirigido al PSOE para decirle que el crecimiento español no está basado en la construcción y para arremeter contra su modelo modelo económico, que ha calificado de "contradictorio".

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Durante unas jornadas del PP celebradas en Madrid para presentar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año por las que también han pasado los ministros Arias Cañete, Acebes, Arenas y Montoro, Rato ha señalado que los gobiernos nacional, autonómicos y locales pueden influir en los precios con variables como el suelo público y el incremento de las viviendas de VPO y ha señalado que el PP está ejerciendo "la responsabilidad" que le corresponde. Rato ha recordado que la construcción representa el 15% del PIB, por lo que ha criticado las acusaciones "despectivas" lanzadas ayer por el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el crecimiento está basado en "el ladrillo".

El ministro ha matizado que, si se excluye la inversión pública, el crecimiento sería del 10%, por lo que es un "despropósito" y un error" creer que ese porcentaje genera todo el crecimiento español. A su juicio, el precio de la vivienda es un asunto político "relevante" y un problema "serio", al tiempo que ha acusado al PSOE de frivolizar con un sector que ha creado en los últimos años más de 600.000 empleos. "Es sorprendente que algunas personas, a las cuales se busca por su conocimiento técnico, hablen sin saber de lo que hablan", ha añadido.

"Una demanda sin satisfacer"

Contagiado por los argumentos de Álvarez Cascos, Rato ha justificado la subida del precio de la vivienda en España en que "hay una demanda muy fuerte que no es capaz de satisfacer una oferta de 550.000 viviendas al año". Rato ha destacado que el número de viviendas en alquiler es ahora "menor que hace 20 años" y ha recordado que el Ejecutivo ha puesto en marcha modificaciones legales, "sin el apoyo" de la oposición, para "mejorar las posibilidades de que las personas pongan viviendas en alquiler". Por todo esto, ha señalado que "los nuevos desafíos" del Ejecutivo son "mejorar la calidad" del empleo y las infraestructuras y afrontar el problema de la vivienda. Además, ha señalado que no conoce "ningún modelo económico" del PSOE porque "tienen planteamientos distintos y contradictorios".

Mientras tanto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, ha asegurado que el PP concibe la vivienda como una "mercancía", que aumenta de precio por la especulación y "no porque los españoles tienen mucho dinero, como dicen Rajoy y Cascos". Caldera ha participado, junto al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, en una concentración en el municipio de Alcorcón convocada con el fin de exigir al Ministerio de Defensa la entrega de unos terrenos para la construcción de viviendas protegidas.

El portavoz del PSOE ha defendido la vivienda como un "derecho prioritario", sobre todo para los jóvenes. En su opinión, el PP practica una política "deliberada" en materia de vivienda que ha favorecido a los especuladores y que ha provocado que el precio de un piso haya subido desde que gobierna el PP un 80%, lo que supone seis veces más que en Europa. Junto a un centenar de personas con pancartas como PP, todo por la pasta y Menos cazas y más casas, el dirigente socialista ha explicado las tres medidas que aplicará su partido si gana las elecciones del 2004: que cada plan urbanístico reserve el 50% del terreno para viviendas de VPO, 250.000 viviendas al año con un coste no superior a 80.000 euros y la entrega de los suelos de titularidad estatal para casas de protección social y alquiler.

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