Garzón envía a prisión a cinco anarquistas que planearon asesinar a Alvinyá y a Luis del Olmo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado hoy el ingreso en prisión de cinco de los seis presuntos miembros de un grupo anarquista detenidos el martes, a algunos de los cuales acusa de planear los asesinatos del secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Alvinyá, y del periodista Luis del Olmo.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha decretado la prisión incondicional para Joaquín Garcés Villacampa, Rafael Tomás Gaspar, Roger Gras Pacheco, Carolina Forné Roig e Igor Quevedo Aragay, mientras que ha acordado la puesta en libertad del sexto arrestado en la operación practicada por la Guardia Civil. Además el juez ha ordenado la busca y captura de Iñigo de Pablo para el cual decreta también su ingreso en prisión provisional incondicional.

El juez acusa a cuatro de los detenidos- Garcés, Tomás, Forné y Quevedo- de planear el asesinato del consejero de telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña, Jordi Alvinya en este año, por lo que les imputa, al igual que a Iñigo de Pablo, de un delito de conspiración para el asesinato terrorista.

También a Tomás y Forné les imputa de un delito del mismo tipo por planear el asesinato de Luis del Olmo. El magistrado además imputa a Garcés, Tomas, Forne, Quevedo y De Pablo del delito de integración en organización terrorista, además del de incendios terroristas, estragos terroristas y tenencia ilícita de armas terroristas.

A los cuatro primeros les imputa también un delito de daños terroristas y, a Garcés y a De Pablo uno de intento de asesinato terrorista por el envío de un paquete bomba a la embajada de Grecia en Madrid. A Roger Gras le atribuye un delito de estragos y otro de tenencia y confección de artefactos incendiarios y explosivos terroristas,

delito que también atribuye a los otros cuatro arrestados y a De Pablo.

"Movimiento anarquista libertario"

En el auto, el magistrado mantiene que Garcés, Tomás, Forné, Quevedo y De Pablo "serían miembros de un grupo clandestino anarquista de carácter radical" que, "de forma asamblearia", decidieron realizar actos de sabotaje, mediante la colocación de artefactos incendiarios y explosivos en instalaciones públicas y edificios privados (repetidores de televisión, sucursales bancarias, restaurantes o delegaciones diplomáticas).

Para Garzón, "éste grupo clandestino" fundamenta sus acciones delictivas en la "simpatía con la ideología del movimiento anarquista libertario, con la pretensión de actuar contra todo lo que represente el estado y el sistema establecido", así como las personas que lo representen.

Los acusados participaron en este año y el anterior, según el juez, en numerosas acciones en su propósito de alterar de forma grave el orden público por "su convicción anarquista y de carácter terrorista", como la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en sucursales de bancos, estaciones eléctricas, concesionarios de coches, restaurantes, así como un convento de religiosas. Al grupo se le ha intervenido armas y componentes para la fabricación de artefactos explosivos, que tenían a su disposición para el desarrollo de lo que ellos denominaban "expropiaciones de dinero a capitalistas".