Jueces para la Democracia apoya a la juez de Bilbao porque "aplicó la ley"

A través de un comunicado, la asociación progresista de jueces cree "absolutamente desacertada" la decisión del Consejo General del Poder Judicial de abrir una información previa para esclarecer las circunstancias en las que la juez acordó esta decisión y opinan que el órgano de gobierno de los jueces debía haber esperado a que se resolviera el recurso ante la Audiencia.

La asociación considera que la juez ha aplicado la legislación penitenciaria actualmente vigente "en la concesión de libertad condicional a un preso en tercer grado mediando informes favorables de resocialización, como en ocasiones precedentes, en que lejos de ser contestada ha sido aplaudida".

"Entonces, ante la furibunda campaña mediática desatada contra esta servidora del Estado de Derecho, nosotros mostramos nuestra total solidaridad", añade el comunicado.

"Decisión inoportuna"

Respecto a la actuación del Consejo, Jueces para la Democracia cree que es "inoportuna (...) la decisión unilateral del presidente CGPJ de activar los mecanismos de inspección de este órgano constitucional para tratar de controlar el fondo de esa decisión jurisdiccional, algo que repugna a uno de los baluartes de cualquier Estado de Derecho, la independencia judicial".

Las resoluciones judiciales se corrigen, si procede, a través del sistema de recursos legalmente previstos y por los órganos autorizados -los tribunales de justicia- y no desde el órgano de gobierno de los jueces, cuya misión constitucional precisamente es la de velar por la independencia de quienes integran el Poder Judicial".

Para la asociación, "igualmente desafortunado, por precipitado, nos parece el anuncio del Gobierno de crear de manera inmediata un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, medida que ha de merecer una sosegada reflexión política y técnica".

En este sentido, considera que "más parece que el Gobierno trata de responder a decisiones del Poder Judicial que 'incomodan' con un cambio de escenario jurisdiccional que permita una mayor 'lealtad' a la política antiterrorista del Gobierno, algo completamente perverso en un Estado de Derecho".