El TC ampara al PSOE para citar ante el Congreso a presidentes de empresas privatizadas

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al PSOE al concederle amparo a la negativa del Partido Popular a admitir en la Mesa del Congreso peticiones para que comparecieran presidentes de empresas privatizadas. La sentencia se refiere a los recursos presentados por el PSOE en 1997 y 1998 contra la decisión de la Mesa del Congreso de impedir las comparecencias en la Cámara Baja de los entonces presidentes de Telefónica, Juan Villalonga, y Endesa, Rodolfo Martín Villa.

Esas solicitudes fueron rechazadas por la Mesa, con mayoría relativa del PP, alegando que el Congreso no puede citar a particulares.

Lo dictado por el TC puede ponerse en práctica próximamente, ya que en los últimos días, los socialistas han anunciado su intención de pedir de nuevo la comparecencia de presidentes de empresas privatizadas para conocer detalles del proceso de privatización y para preguntar por sus relaciones contractuales con Pedro Arriola, asesor del presidente José María Aznar.

La sentencia da la razón al PSOE en el sentido de que "se ha vulnerado el derecho de los parlamentarios integrantes del grupo socialista del Congreso a ejercer su cargo público en condiciones de igualdad".

El fallo del Tribnal Constitucional acuerda, por tanto, restablecerles en su derecho y "anular los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados" por los que en 1997 no fue admitida a trámite la comparecencia de Villalonga ante la comisión de Infraestructuras del Congreso y, un año después, se impidió también la de Martín Villa ante la comisión de Industria y Energía.

Qué es una empresa pública

El PSOE presentó un recurso ante el Constitucional después de que la Mesa no admitiera a trámite su petición para que Villalonga explicara en el Congreso de la compra de Telefónica del 25% de Antena 3 Televisión. También se rechazó la citación de Martín Villa para que informase de la operación de Endesa en la chilena Enersis.

En ambos casos, el argumento de la mayoría del PP fue que, tanto Telefónica como Endesa, eran ya empresas privadas en las que la participación pública era inferior al 50%.

En este sentido, el Constitucional asegura que lo que confiere carácter público a una empresa es su conexión con una Administración pública, pudiendo ésta última realizar su control sobre aquella por cauces jurídico-públicos, bien por cauces jurídico-privados".