El Gobierno de Uruguay anuncia restricciones bancarias para evitar fugas de capital
El cierre de los bancos provoca los primeros saqueos y la tensión social va en aumento
La tensión social va en aumento en Uruguay, donde en las últimas horas se han registrado numerosos incidentes y saqueos de comercios tras el cierre de los bancos. La situación está lejos de mejorar, después de que el vicepresidente del Gobierno haya anunciado que tras la apertura de las oficinas bancarias -probablemente el lunes -habrá restricciones en la retirada de los depósitos.
Hierro, tras una reunión con el presidente, Jorge Batlle, y otros líderes políticos, también ha anunciado la posibilidad de reprogramar los depósitos a largo plazo. Esta reprogramación consistiría, según la prensa local, en extender el plazo de los depósitos a tres años, pero respetando la moneda de origen en que fueron contratados y aumentando los tipos de interés.
Estas medidas forman parte del proyecto de ley que el Gobierno prepara para fortalecer el sistema bancario y que será explicado hoy por el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, a los senadores y diputados. El proyecto será perfilado a marchas forzadas durante el fin de semana.
La urgencia en la aprobación tiene por objetivo "asegurar que el lunes abra el mercado bancario en las nuevas condiciones de juego", ha asegurado el vicepresidente, que entiende que "no hay razones" para que el festivo bancario se extienda.
Los primeros saqueos
En las últimas horas, al menos 16 comercios han sido saqueados en varios suburbios pobres de Montevideo por grupos de personas que se han llevado sobre todo comestibles, además ha habido numerosos intentos de asalto en otros, ha reconocido el ministro del Interior uruguayo, Guillermo Stirling. Cerca de 20 personas han sido detenidas.
El ministro ha responsabilizado de los hechos a "grupos de desestabilización perfectamente organizados". Stirling ha estimado imposible que los saqueadores hayan actuado en forma espontánea en "13, 14 o 15 lugares de Montevideo a la misma hora". Sin embargo, el principal líder de la oposición, Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, ha señalado que los saqueos ocurren porque los uruguayos "pasan hambre" debido a la crisis económica.
"Nos rompemos el alma todo el día trabajando y encima nos roban", se ha quejado entre lágrimas Franco di Leone, dueño de uno de los establecimientos saqueados, en declaraciones a la agencia Reuters.
Con cerca del 25% de su población de 3,2 millones de habitantes en la pobreza y el 15,6% de la población activa sin empleo, estos asaltos a comercios se producen cuando se cumplen tres días con los bancos cerrados al público por decisión del Gobierno y en coincidencia con un paro de cuatro horas convocado por la principal central sindical para pedir que se garantice la estabilidad del sistema financiero.
El Banco Central autorizó a las empresas públicas y privadas a pagar sus salarios en efectivo o mediante operaciones de cajero, medida que rige igual para las jubilaciones.
Ayudas europeas
La Comisión Europea ha aprobado una estrategia de cooperación con Uruguay, que cuenta con un presupuesto de 18,6 millones de euros para el periodo 2002-2006. Los objetivos prioritarios son apoyar las reformas económicas, la modernización y reforma del Estado y el desarrollo social, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas destinará 8,4 millones de euros al capítulo de reformas económicas "para apoyar los esfuerzos del gobierno uruguayo encaminados a diversificar las estructuras económicas y a mejorar la calidad de producción".
El programa de ayudas para la reforma del Estado, que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros, se centrará especialmente en la reforma y descentralización de las instituciones. Bruselas considera que este aspecto tiene para Uruguay "una relevancia tanto a nivel nacional como en el marco de Mercosur".
El Ejecutivo comunitario destinará 2,4 millones de euros a programas para el desarrollo social, que se centrarán en "aliviar las dificultades surgidas durante el proceso de reforma y en contribuir a una solución a largo plazo de los problemas sociales de Uruguay". En este sentido el Ejecutivo comunitario destacó dos puntos clave: la integración de los jóvenes en el mercado laboral y la reducción del desempleo, especialmente entre las mujeres.
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