La Junta de Extremadura recurre ante el Constitucional el decreto de reforma del paro

La Junta de Extremadura ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma del desempleo y del subsidio agrario aprobado por el Gobierno central, según ha anunciado la consejera de Presidencia, María Antonia Trujillo.

Trujillo, que ha ofrecido hoy una conferencia de prensa en Mérida para informar de este recurso, ha subrayado que la adopción de esta medida fue consultada con el Gabinete Jurídico de la Junta, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño en su última reunión y que hoy ha sido finalmente llevada a cabo.

Según la consejera, el "decretazo" fundamentalmente "incentiva el despido, incrementa la precariedad laboral y recorta derechos sociales", lo que, ha dicho, la Junta no acepta. A su juicio, el decreto gubernativo "vulnera formal y materialmente" derechos recogidos en la Constitución. También ha dicho que "afecta a derechos de los trabajadores y de los ciudadanos cuya regulación mediante Decreto Ley prohibe la Constitución", entre ellos "los de al derecho al trabajo y de libre elección de profesión u oficio" ya que, ha señalado, ahora los trabajadores deberán aceptar "colocaciones adecuadas".

"La ley no sirve para nada"

En cuanto al "fondo", la consejera ha afirmado que "se deja a la discrecionalidad de los funcionarios cuál es el sistema a aplicar para determinar una colocación adecuada", lo que desvirtuaría, en su opinión, los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Otra cuestión de fondo negativa es, ha dicho, que los servicios públicos de empleo "modificarán lo previsto y adaptarán la aplicación de la norma a las circunstancias profesionales, personales y materiales del desempleado", lo que vulneraría los principios de jerarquía administrativa y de legalidad. "La ley no sirve para nada porque un funcionario puede modular su aplicación en función de determinados criterios no jurídicos ni objetivos", ha argumentado.

Otros derechos atacados, según Trujillo, son los de a tener una "remuneración suficiente" y al derecho al trabajo en su "contenido individual", y al, ha dicho, mandato implícito de la Constitución de que las administraciones públicas trabajen en pro del pleno empleo.

Por su parte, la consejera de Trabajo, Violeta Alejandre, ha afirmado que la situación en las oficinas extremeñas del INEM y en las del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) es "tensa" debido a hechos como la generalización del retraso en el pago de las prestaciones por desempleo. Ha achacado esto a la falta de personal en las oficinas del INEM y ha anunciado que, tal como le explica en un escrito remitido al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, la Junta separará "físicamente" las oficinas del SEXPE de las del INEM ya que "no podemos cubrir sus deficiencias".