Condenan por primera vez a los padres de un miembro de la 'kale borroka' a indemnizar a la víctima

El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional ha condenado al menor J.L.E. a pagar solidariamente con sus padres la cantidad de 3.005 euros a la concejal del PP en Getxo (Vizcaya) María Luisa Arrue, que recibió cartas amenazantes con frases como "lo vas a pagar caro" y referencias a la situación de dispersión de los presos vascos. Esta es la primera vez que un tribunal condena a los padres de un menor relacionado con la kale borroka a indemnizar a la víctima de los ataques de su hijo.

En cuanto a la decisión de hacer partícipes a los padres del menor del pago de la indemnización a la víctima de las amenazas, la sentencia señala que los padres codemandados se han posicionado en "situación procesal de rebeldía, sin contestar a la demanda" y "sin proponer prueba alguna".

Además, cita parte de un informe técnico aportado a la causa que explica que el menor pertenece a una "familia estructurada en cuanto a relaciones interpersonales, con establecimiento adecuado de pautas educativas". Por ello, el Juzgado llega la conclusión de que es una "grave negligencia" que los padres no hayan "adoptado las medidas

mínimas para evitar" que su hijo persistiera en sus "actividades delictivas, máxime cuando no fue una, sino varias las cartas enviadas".

"Lo vas a pagar caro"

María Luisa Arrue recibió en su domicilio siete cartas que contenían en su interior postales con el dibujo de un candado y la frase "Euskal presoak" (presos vascos) en su anverso. En el reverso de sus misivas figuraba una inscripción impresa con la frase "lo vas a pagar caro", refiriéndose posteriormente a la situación de los presos vascos.

Según señala la sentencia, la concejal manifestó "con total credibilidad y firmeza" en el juicio celebrado el pasado 14 de mayo que la recepción de las cartas amenazantes le afectaron en cuanto "le crearon honda preocupación y que lo vivió como una amenaza para ella y su familia", ya que dichas misivas le fueron enviadas a su domicilio particular, "teniendo que tomar lógicas medidas de protección y cambiando sus hábitos de trabajo".

Las cartas enviadas por el menor J.L.E. tenían como finalidad, según el fallo, "coadyuvar a los objetivos y fines perseguidos por la banda terrorista ETA contra cargos políticos no nacionalistas". En este sentido, el juez rechaza que el mero hecho de ser un cargo público contrario a las ideas del demandado lleve aparejado el ser objeto de acciones criminales.