Los jueces del 'caso Ponferrada' se muestran divididos sobre la sentencia
El fallo ya ha sido adoptado aunque aún no se ha hecho público
La sentencia que emita la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el denominado caso Ponferrada no será unánime debido a que existen importantes discrepancias entre el magistrado ponente del fallo y los otros dos integrantes del tribunal, según ha podido saber EL PAIS.es por fuentes judiciales.
La sentencia ya ha sido adoptada, según una providencia emitida hoy por el tribunal, pero aún no ha sido dada a conocer, aunque sí ha trascendido que el magistrado ponente, Antonio Martínez Villanueva, mantiene una postura discordante con respecto a la de los otros miembros de la Sala, el presidente del TSJCYL, José Luis de Pedro Mimbrero, y la magistrada María Luisa Escalada López.
Esta situación ha sido comunicada a las partes por el tribunal a través de una providencia en la que, además, se indica que la redacción de la sentencia será labor del máximo responsable del TSJCYL y en ella el magistrado Martínez Villanueva habrá de formular motivadamente su voto al objeto de incorporarlo al fallo.
El letrado de la acusación particular, Adolfo Barreda, ha explicado que lo ocurrido no tiene por qué retrasar la notificación del fallo definitivo y ha aventurado la posibilidad de que las discrepancias entre los magistrados que integran la Sala sea a la hora de interpretar los hechos como acoso sexual o bien acoso moral, caso este último que impediría condenar al alcalde por cuanto esta conducta no está tipificada en el Código Penal.
Acoso sexual
El juicio contra el alcalde de Ponferrada, Ismael Alvarez, se ha celebrado durante nueve sesiones en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, entre los pasados días 29 de abril y 17 de mayo. Álvarez es acusado de delito de acoso sexual cometido sobre la que fue su concejal de Hacienda y compañera sentimental durante algunos meses, Nevenka Fernández.
El Ministerio Fiscal, ejercido en un principio por el fiscal jefe, José Luis García Ancos, pero posteriormente relevado y sustituido por el teniente fiscal, Gregorio Segurado, debido al "improcedente" interrogatorio realizado a la denunciante, solicitó para el regidor ponferradino del PP y procurador en Cortes 15 fines de semana de arresto y una indemnización de 6.000 euros por un presunto delito de acoso sexual. La acusación particular pidió por su parte, por el mismo delito y otro de lesiones una multa de 18.000 euros, un año de prisión y la inhabilitación especial por el tiempo de la condena.
La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución del procesado e incidió en las continuas contradicciones en las que incurrió la ex concejal tanto en la querella como en la declaración prestada en la fase de instrucción, el escrito de acusación y el propio juicio.
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