La Ley de Extranjería, un año después

La polémica Ley de Extranjería aprobada por el Partido Popular, que entraba en vigor el el 23 de enero de 2001 pese a las críticas de la oposición y las organizaciones no gubernamentales, cumple hoy un año. Una corta vida jalonada por huelgas de hambre, encierros, manifestaciones y recursos de inconstitucionalidad.

Desde su entrada en vigor se ha incrementado el número de inmigrantes expulsados de nuestro país. En junio pasado, el Gobierno se vio forzado a abrir un nuevo proceso de regularización y, en agosto del mismo año, fue aprobado el Reglamento que desarrolla la controvertida ley. Coincidiendo con su primer aniversario, se ha publicado el 'Balance 2001 de Extranjería', según el cual 334.882 inmigrantes habían regularizado su situación en nuestro país hasta el 15 de enero de este año

La nueva ley ha dado al Gobierno vía libre para expulsar a los inmigrantes que se encontraran en España en situación irregular, frente a la anterior, por la que se les comunicaba la obligatoriedad de salir del país y se les imponía una multa. Además, la norma impedía a los 'sin papeles' el ejercicio de derechos sociales como la asociación, la sindicación o la huelga. Esta última cuestión fue la más debatida. Sin embargo, en pleno fragor de las protestas y encierros de inmigrantes, el Defensor del Pueblo no recurrió la ley de Extranjería. Enrique Múgica desoía así las 769 peticiones de recurso que le habían hecho llegar sindicatos, partidos políticos, ONG´s y asociaciones de inmigrantes, vecinos, jueces y fiscales.

Las crecientes protestas sociales y las críticas a las regularizaciones 'bajo cuerda' realizadas en algunas comunidades autónomas forzaron al Gobierno a tomar una decisión. El 6 de junio, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció un nuevo proceso de regularización para los inmigrantes llegados a España antes del 23 de enero de 2001, bajo los criterios de arraigo y razones humanitarias. De los 180.000 incluidos en este proceso, 122.310 fueron regularizados.

El pasado 1 de agosto entró en vigor el Real Decreto 864/2001 por el que se aprobaba el Reglamento que desarrolla la nueva Ley de Extranjería. Sus directrices generales son conseguir más rigor en los controles fronterizos y mejorar la coordinación entre las Administraciones públicas encargadas de asuntos relacionados con las migraciones. También pretende simplificar los procedimientos administrativos de concesión de permisos de residencia y de trabajo, y racionalizar los procedimientos sancionadores.

La última medida llevada a cabo por el Gobierno en relación con la inmigración se refiere al ámbito laboral. Una resolución de 11 de enero de 2002, determina el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para 2002. Teniendo en cuenta la situación nacional del empleo, el Gobierno fija el número de ofertas de trabajo, indicando los sectores y actividades profesionales en los que se necesita mano de obra. En concreto, para este año, son 10.884 los puestos de carácter estable y 21.195 los de carácter temporal (que implican la vuelta al país de origen una vez finalizado el período laboral) ofertados por el Gobierno.

A pesar de la dureza de la ley, el número de extranjeros residentes en España aumentó en 2001 el 23,81% respecto al año anterior, según el 'Balance 2001' de la Delegación del Gobierno para la Extranjería. El informe afirma que en los últimos 16 meses han solicitado legalizar su situación 615.337 inmigrantes y han sido regularizados 334.882. Sin embargo, muchos no han recibido todavía la respuesta de la Administración y siguen sin papeles, lo que ha motivado críticas por parte de la oposición.

Los motivos que empujan a viajar a España a decenas de miles de extranjeros cada año no difieren en exceso de los que llevaron a otros tantos españoles a dejar su país a partir de la década de los 50, ni de cualquiera de los que impulsan la mayoría de las corrientes migratorias que han atravesado el mundo a lo largo de la historia. En la actualidad, y en lo que a España se refiere como destino, las causas políticas o bélicas han perdido peso cediendo su lugar a las motivaciones económicas, particularmente en países afectados por crisis, tanto pasajeras como endémicas. En el caso de marroquíes y ecuatorianos, los colectivos de extranjeros que más se han incrementado en los últimos meses en territorio español, los problemas socioeconómicos del país de origen convergen con la proximidad del destino (en un caso geográfica; en el otro, cultural y lingüística).

En cualquier caso, la dureza de la vigente Ley de Extranjería no ha servido para neutralizar el 'efecto llamada' que desde el Gobierno del PP se achacaba a la ley anterior. Las cifras demuestran que la necesidad puede más que las normas y, por duras que éstas sean, el hambre empuja a los inmigrantes incluso a jugarse la vida en azarosas travesías del estrecho que con frecuencia acaban en tragedia.