El PP excluye de responsabilidad política al Gobierno por el 'caso Gescartera'

El PP considera que ningún miembro del Gobierno tiene responsabilidades políticas en el caso Gescartera, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los trabajos de la Comisión de Investigación, al tiempo que destaca la rapidez y la transparencia con la que tanto el Ejecutivo como el PP han actuado en este caso.

Así se recoge en las conclusiones elaboradas por el PP tras los trabajos de la Comisión Gescartera, presentadas hoy por el diputado popular Vicente Martínez-Pujalte, quien ha afirmado que "ningún documento o compareciente han puesto de manifiesto responsabilidad alguna del Gobierno o de alguno de sus miembros".

El PP cree que las dimisiones del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, de la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente, de dos altos cargos de las compañías públicas CETARSA y SAES, así como el cese de un responsable provincial de la Agencia Tributaria, saldan las responsabilidades públicas en este caso, que ahora pasará plenamente a manos de la Justicia.

No obstante, el PP entiende que ni Giménez-Reyna ni Valiente influyeron en pro de Gescartera, ni que existiera trato de favor desde ninguna de las administraciones públicas hacia la entidad financiera.

Tampoco se ha producido ningún quebranto para las arcas públicas, derivado de actuaciones de cargos públicos, según el PP, que entiende que la Hacienda Pública sólo ha sido perjudicada por dos vías, la primera como inversor -a través de empresas públicas que depositaron su dinero en Gescartera- y la segunda, a través de la Agencia Tributaria, por el incumplimiento de las obligaciones fiscales de determinados contribuyentes.

Vigilancia de la CNMV

Las conclusiones del PP también hablan sobre el ex diputado del PP y ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, sobre el que la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas señala que "no incurrió en incompatibilidad".

El PP opina que "en este caso como en otros anteriores, donde no se apreció tampoco incompatibilidades, se debería ser especialmente vigilante con las incompatibilidades de los miembros de la CNMV en sus relaciones con los supervisados".

Consideran también imprescindible que "el cobro de la remuneración de transición lleve aparejado una estricta observancia de la cesantía", añaden.

El Grupo Popular ha presentado esta mañana ante el registro del Congreso su propuesta de conclusiones, un documento de 38 páginas en el que, además de eximir al Gobierno de cualquier responsabilidad política, propone una veintena de medidas para mejorar el funcionamiento de los organismos públicos que tienen que ver con los mercados financieros.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Martínez Pujalte ha resaltado también que el resultado de la Comisión de Investigación debe incluir también un "mensaje de credibilidad" dirigido a los ahorradores para hacer patente que el caso Gescartera es algo aislado y que la inmensa mayoría de las empresas de inversión trabajan "francamente bien".

Este mensaje, ha añadido el diputado, también es necesario trasladarlo a las propias empresas de inversión, tanto en su trabajo diario, como en sus relaciones con la CNMV, que desde su creación ha ejercido un positivo comportamiento en la consolidación de los mercados de valores en España.

De todos modos, Pujalte ha dicho que en este escándalo financiero la actuación de la CNMV "no ha sido afortunada", aunque, ha añadido el diputado del PP, desde el año 1994.

En cuanto al resto de entidades y organismos públicos relacionados con este caso (Agencia Tributaria, Banco de España y Secretaría de Estado de Hacienda), el PP entiende que su actuación ha sido correcta.

Martínez-Pujalte ha dicho que durante los trabajos de la Comisión de Investigación se han consumido más horas que en ninguna otra, con más de 50 comparecientes y una cantidad ingente de documentación, y se ha puesto de manifiesto, en su opinión, que el PP y el Gobierno no han puesto ningún impedimento a la investigación. Este comportamiento, ha dicho, "se tendrá que consolidar en la democracia española".

Martínez-Pujalte ha anunciado también que su grupo remitirá sus conclusiones y toda la documentación con la que se ha trabajado en la Comisión a los órganos jurisdiccionales, por si pudieran ayudar en la investigación.