Garzón decreta prisión incondicional para 11 miembros de Gestoras pro Amnistía

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decretado prisión incondicional a petición del fiscal, para 11 de los 13 miembros de Gestoras pro Amnistía detenidos el pasado miércoles en la operación "Udazken" (Otoño), a quienes se acusa de estar integrados en la banda terrorista ETA. Alejandro Velasco, detenido en Navarra, ha sido puesto en libertad.

Según fuentes jurídicas, el fiscal Enrique Molina ha fundamentado su petición de prisión incondicional en "elementos de cargo que permiten sostener la acusación de integración en organización terrorista, sirviendo las instrucciones imperativas de ETA en las funciones de cohesión, disciplina, control y sostenimiento de los presos y refugiados de ETA, en posición de jerarquía, a través de su acatamiento, sustén económico y rendición de cuentas".

Los miembros de Gestoras enviados a prisión son los coordinadores territoriales Julen Zelarain (Guipuzcoa); Jagoba Terrones (Vizcaya); Josu Beaumont (Navarra) y Mayte Díaz de Heredia (Alava) así como el portavoz de la asociación de familiares de miembros de ETA, Senideak, Juan Antonio Madariaga.

También han sido enviados a la cárcel Gorka Zulaika, Aratz Estonba y Ainhoa Irastorza, detenidos en Guipúzcoa, Jon Imanol Beaskoa y Julen Larrinaga arrestados en Vizcaya; e Iker Subia, en Alava.

Riesgo de fuga

La petición del fiscal también se apoya en el riesgo de que los detenidos se sustraigan a la acción de la justicia por la apariencia delictiva y la gravedad de las penas a las que se enfrentan (hasta 12 años de cárcel).

Además, el ministerio público cree que existe "la posibilidad de reincidencia delictiva teniendo en cuenta las características del tipo y las circunstancias personales y sociales de los imputados, así como el reconocido propósito de mantener la actividad denunciada".

Los 11 detenidos que se encuentran ya en prisión negaron su militancia en ETA durante la vista. Sus abogados defensores, todos ellos de Gestoras pro Amnistía, destacaron ante el juez que la operación en sí es una persecución política que acentúa el conflicto de Euskal Herria.

Garzón considera que los detenidos son los encargados del frente de Makos de ETA que, según su auto del pasado 31 de julio, en el que proceso a 31 miembros de Ekin, está coordinado por el abogado Txema Matanzas. Según el juez, Gestoras, además de financiar al colectivo de presos, deportados y refugiados vinculados con ETA, siguiendo las órdenes de la dirección etarra, coordina la kale borroka o violencia callejera.