320.000 inmigrantes han pedido su regularización por motivos de arraigo

Además de las peticiones por arraigo, ha habido 244.790 inmigrantes irregulares acogidos al proceso extraordinario de regularización que se abrió en julio del 2000, a lo que hay que añadir los 19.415 ecuatorianos que fueron legalizados por razones humanitarias.

En total, en los últimos 12 meses se han presentado más de medio millón de solicitudes. Hoy, día de entrada en vigor del reglamento de la Ley de Extranjería, el Gobierno ha revelado que algo menos de la mitad, 227.243, han sido legalizados.

Para legalizar su situación por arraigo, según la Ley de Extranjería, los inmigrantes han tenido que demostrar que se encontraban en España antes del 23 de enero de este año y acreditar su incorporación real o potencial al mercado de trabajo.

Madrid con 110.000 peticiones es la provincia con más solicitudes por arraigo, seguida de Barcelona (35.400), Murcia (25.739), Valencia (21.112) y Alicante (20.635).

Nuevo marco normativo

Tras la aprobación de la Ley de Extranjería y con la entrada en vigor del reglamento queda constituido el nuevo marco normativo para la nueva política que se inicie en la presente legislatura y que responde a la nueva realidad de la inmigración en España, según la nota de Interior.

El Consejo de Ministros dio luz verde al Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (GRECO) y el pasado 30 de marzo aprobó los reales decretos que regulan el Consejo Superior de Policía de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Observatorio Permanente de la Inmigración y con fecha 20 de julio el Reglamento de la Ley.

En relación con la firma de convenios con terceros países, España ha firmado Acuerdos sobre ordenación y regulación de flujos migratorios con Ecuador, Colombia y Marruecos y está previsto que en septiembre firme con Polonia y en octubre con la República Dominicana.

Los objetivos del Gobierno en política de extranjería son ordenar los flujos de inmigración laboral hacia España, garantizar la integración y convivencia en la sociedad española de los extranjeros que residan en el país, dotar de instrumentos al Estado para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y cumplir los compromisos internacionales.